¿Quién es José Manuel De Oliveira, vinculado al caso Progen que podría ir a prisión?

La audiencia de vinculación que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia permitió reconstruir el papel que desempeñó De Oliveira en los contratos adjudicados a la empresa estadounidense Progen para los proyectos de generación eléctrica de Salitral y Quevedo, así como en otras actuaciones relacionadas con la empresa contratista.

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De Oliveira fue designado coordinador jurídico del Ministerio de Energía en abril de 2024, durante la gestión de Roberto Luque, y permaneció en funciones durante la administración de la entonces ministra Inés Manzano. Como parte de sus responsabilidades, debía revisar y autorizar contratos emergentes relacionados con la crisis energética que atravesaba Ecuador.

Según la Fiscalía, tuvo acceso a documentación sensible relacionada con los procesos de contratación. Entre los elementos expuestos en la audiencia consta que recibió especificaciones técnicas, cronogramas y otra información vinculada a los proyectos incluso antes de la declaratoria formal de emergencia.

Además, los investigadores sostienen que recibió términos de referencia, propuestas de proveedores y copias de correos electrónicos relacionados con la contratación de Progen, participando también en reuniones vinculadas al proceso.

La reunión sobre las prórrogas a Progen

Uno de los aspectos que más atención ha generado en la investigación ocurrió el 7 de octubre de 2024. Según expuso la Fiscalía, De Oliveira convocó, mediante terceros, a Daniela Piedad Gordillo Ramírez, asesora jurídica de Termopichincha, para conversar sobre el estado de los contratos y la posibilidad de otorgar prórrogas a Progen.

Para esa fecha, la contratista ya registraba retrasos y acumulaba multas contractuales. Durante la reunión se habría consultado sobre alternativas para extender los plazos de ejecución de las obras.

La versión de Gordillo recogida en el expediente señala que inicialmente se opuso a modificar las condiciones contractuales en beneficio de la empresa. Más adelante, sin embargo, se elaboró un criterio jurídico que abrió la posibilidad de suscribir una adenda favorable para la contratista extranjera.

La Fiscalía también sostiene que De Oliveira convocó reuniones para analizar las prórrogas sin formular objeciones jurídicas, pese a los problemas existentes en la ejecución de los contratos.

Los contactos con Progen

Otro elemento mencionado en la audiencia corresponde a la relación de De Oliveira con Karla Saud, representante de Progen en Ecuador. Según testimonios incorporados al expediente, la ejecutiva mantenía contactos con funcionarios públicos y trasladaba inquietudes sobre requisitos técnicos y documentales exigidos para los desembolsos de recursos.

La Fiscalía intenta determinar si estas comunicaciones tuvieron influencia en decisiones administrativas adoptadas durante la ejecución contractual.

Su nombre también aparece en el contrato de Catamayo

La investigación no se limita a los proyectos de Salitral y Quevedo. El expediente recoge referencias a la actuación de De Oliveira en el contrato para la repotenciación de la central Catamayo, adjudicado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA).

Según el testimonio del exgerente de Celec y exviceministro de Electricidad, Fabián Calero, cuando una nueva administración asumió la dirección de la empresa eléctrica, De Oliveira habría llamado para indicar que cualquier contrato podía revisarse, excepto el relacionado con Progen.

Fiscalía pide su prisión preventiva

El 25 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva para De Oliveira y otras nueve personas a las que busca vincular formalmente al caso Progen por presunto peculado. La petición fue presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.

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Según la Fiscalía, existe riesgo procesal debido a una posible fuga y a la eventual obstaculización de la investigación. Como parte de esa solicitud, el Ministerio Público pidió además que se emita una difusión roja de Interpol contra De Oliveira y otros procesados vinculados al caso.

Dentro de la teoría del caso, la Fiscalía lo considera autor directo del presunto delito investigado. Entre los hechos atribuidos constan haber recibido información técnica y cronogramas antes de la declaratoria de emergencia, convocar reuniones sobre prórrogas contractuales y recibir expedientes físicos de los proyectos Salitral y Quevedo sin que exista un registro posterior de devolución.