Información del asesinato de periodistas de El Comercio tiene inconsistencias, dice la Corte

La Corte Constitucional (CC) declaró que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) incumplió con la entrega de la información desclasificada a los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, que fue secuestrado el 26 de marzo de 2018 y posteriormente asesinado en la frontera norte con Colombia.

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Según el auto de verificación de la sentencia, conocido este 4 de mayo de 2026, el máximo Tribunal señaló que los familiares de Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor) aún no han recibido la totalidad de la información del plagio y crimen de los ecuatorianos y que la documentación que el Cosepe envió a la Corte "no coincide con la entregada" a las familias de las víctimas.

Además, el Consejo no ha notificado a la CC sobre si excluyó documentos en la información brindada. Recordó que en la sentencia ordenó la entrega de las actas número 18, del 28 de marzo de 2018; la 19 del 13 de abril; y la 20, del 17 de abril del mismo año, así como los audios, las transcripciones y la lista de los asistentes a dichas sesiones del Cosepe.

Cosepe ordena diligencia personal con familiares

Ante ese incumplimiento, el máximo órgano de justicia constitucional dispuso en su resolución, emitida el pasado 16 de abril, que el Consejo de Seguridad convoque a una reunión presencial para que los familiares de los periodistas Manuel Ricardo Rivas Bravo, hermano de Pául; Galo Ortega Minda, padre de Javier; y Cristhian Andrés Segarra Jaque, hijo de Efraín, "puedan revisar de manera directa la documentación íntegra correspondiente a las actas, lista de asistentes a dichas sesiones, las transcripciones o cualquier otra documentación asociada". 

La diligencia tiene como fin "que los legitimados activos puedan realizar una revisión integral del contenido y cuenten con la totalidad de la información desclasificada, evitando así que dispongan de versiones incompletas, distintas o fragmentadas". 

Para ello también adjuntó un acuerdo de confidencialidad "únicamente respecto de aquella información que no guarde relación directa" con el crimen de los periodistas perpetrado por las disidencias de las FARC, pues considera que aunque se trate de información clasificada, las víctimas tiene derecho a la verdad y a la justicia.

La convocatoria debía realizarse 10 días después de la notificación de la resolución de abril, cuyo plazo termina este lunes, señalaron los familiares del equipo en un comunicado.

Jueces establecen nuevos plazos

Las familias recordaron "que el incumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional puede derivar en sanciones para las autoridades responsables, ya que este organismo tiene la facultad de hacer cumplir sus sentencias e incluso determinar responsabilidades por desacato".

Para verificar que el Consejo cumpla con lo dispuesto, la Corte dispuso que el Cosepe envíe un informe con el cumplimiento de la diligencia en los cinco días posteriores a la convocatoria. El mismo plazo fue fijado para que los familiares de las víctimas indiquen al máximo Tribunal si accedieron o no a los documentos.