Funcionario del Ministerio de Educación irá a prisión; investigan cobros de hasta $5.000

Un día después del allanamiento ejecutado en las oficinas del Ministerio de Educación en Quito, la justicia dispuso prisión preventiva para Roberto Cristóbal Ayala, servidor del área de mantenimiento de esa cartera de Estado, dentro de una investigación por presunto tráfico de influencias.

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La medida fue dictada durante la audiencia de formulación de cargos, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara elementos que lo vinculan con una presunta estructura dedicada a ofrecer cargos públicos a cambio de pagos económicos.

Según la hipótesis del caso, la red habría solicitado hasta $5.000 a ciudadanos interesados en obtener puestos de trabajo dentro del sistema educativo público. De acuerdo con las investigaciones, los ofrecimientos habrían sido realizados por funcionarios con acceso a procesos administrativos dentro de la institución.

Investigación apunta a una presunta red de corrupción

El caso surgió tras un operativo desarrollado en las instalaciones del ministerio, donde las autoridades ejecutaron allanamientos y recopilaron documentación e indicios relacionados con la presunta comercialización de cargos públicos.

Durante el procedimiento también fueron aprehendidos Pablo Benjamín Félix, vinculado al área de servicios generales, y una persona que laboraba en el área de conducción. Hasta el momento, las autoridades continúan analizando la participación de otros posibles involucrados.

La Fiscalía sostuvo que los indicios recabados durante las diligencias apuntan a la presunta participación de servidores públicos que habrían ofertado vacantes en instituciones educativas fiscales a cambio de dinero.

Movimientos económicos bajo análisis

Como parte de las investigaciones, las autoridades también examinan la situación financiera de Roberto Cristóbal Ayala. Según información expuesta por el ministro del Interior, John Reimberg, el funcionario habría manejado recursos económicos por aproximadamente un millón de dólares que ahora forman parte del análisis patrimonial del caso.

La instrucción fiscal continuará con la recopilación de evidencias documentales, testimoniales y financieras para determinar el alcance de la presunta red y establecer posibles responsabilidades penales de otros funcionarios.