Fernando Bastias sobre el caso de Monika Silva: "debe investigarse como feminicidio"

El caso de Monika Silva, defensora de derechos humanos hallada muerta en Santa Elena, ha puesto en evidencia las falencias del sistema judicial y la falta de protección estatal hacia quienes denuncian corrupción y abusos de poder. 

Durante el programa des este lunes 22 de junio del podcast Politizados de Diario Expreso, el abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por los Derechos Humanos de Ecuador (CDH), explicó que el informe de autopsia reveló signos de violencia y posible asfixia, lo que obliga a que el caso sea tratado como feminicidio.

La autopsia: resultados preliminares

Fernando Bastias explicó que el primer informe de autopsia, al que el Comité Permanente por los Derechos Humanos tuvo acceso el 18 de junio, reveló indicios de violencia que no pueden ser ignorados. Entre ellos se mencionan golpes contundentes y una posible causa de muerte por asfixia. 

Estos hallazgos, aunque aún requieren pericias complementarias, contradicen la hipótesis inicial de suicidio difundida por autoridades, que incluso se apoyaba en estereotipos sobre la salud mental de la víctima. Para Bastias, esa narrativa fue irresponsable y buscó minimizar la gravedad de la muerte de una mujer defensora de derechos humanos.

"Debe investigarse como feminicidio"

El abogado subrayó que, pese a que el expediente fue declarado reservado por un juez, la familia y las organizaciones que patrocinan el caso tienen derecho a conocer los resultados. Por ello, la madre de Monika Silva fue la primera en recibir la información oficial sobre el informe. 

Bastias que los indicios de violencia obligan a descartar cualquier versión que intente reducir la muerte de Silva a un problema personal. Además, señaló que ya se han ordenado pericias adicionales, como exámenes para determinar si hubo violencia sexual o exposición a sustancias, protocolos que se aplican en toda investigación de muerte violenta de una mujer.

El abogado recordó que el feminicidio no solo ocurre en contextos íntimos, sino también en escenarios políticos y sociales. En este caso, Silva era una mujer defensora de derechos humanos, lo que amplía las líneas de investigación hacia posibles represalias por sus denuncias de corrupción y tráfico de tierras en Santa Elena y La Libertad.

La responsabilidad del Estado

Fernando Bastias fue enfático en señalar que el Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad directa por omisión en el caso de Monika Silva. La activista denunció públicamente amenazas contra su vida en entrevistas, redes sociales y ante la Fiscalía, pero nunca recibió medidas de protección. 

Para el abogado, esta falta de respuesta institucional constituye una falla grave que debe ser reconocida y reparada. “El Estado es absolutamente responsable de la muerte de Mónika Silva”, afirmó, subrayando que las autoridades no desplegaron los mecanismos necesarios para garantizar su seguridad, pese a que ella había advertido que su vida estaba en riesgo.

El abogado mencionó que funcionarios denunciados por Silva cuentan hoy con resguardo policial, mientras que a la defensora de derechos humanos se le negó esa seguridad. Según el CDH, esto muestra una política estatal que protege a quienes ostentan poder, pero desatiende a quienes lo cuestionan. 

Bastias insistió en que la Fiscalía debe descartar cualquier vínculo entre las denuncias realizadas por Silva y su asesinato, llamando a rendir versión a todas las personas mencionadas por ella. Para el Comité, esta es una obligación legal y ética que no puede ser omitida, pues de lo contrario se estaría reforzando la impunidad y la responsabilidad estatal en la muerte de la activista.

El trabajo del Comité de Derechos Humanos

El CDH y CEPAM Guayaquil asumieron la defensa del caso. Bastias explicó que su labor es técnica y busca garantizar que la investigación cumpla con estándares internacionales.

Entre las diligencias que exigirán está la rendición de versiones de al menos 17 personas mencionadas por Silva en sus denuncias, además de pericias complementarias sobre violencia sexual, consumo de sustancias y otros factores asociados a muertes violentas. 

El Comité también se comprometió a mantener informada a la sociedad y a los medios, pese a la reserva judicial, porque la transparencia es la única vía para evitar la impunidad.