Los contratos y movimientos que investiga la Fiscalía en el caso Bucaram-AMT

En el caso Pruebas Covid-19 Agentes AMT, la Fiscalía sostiene que, durante los primeros meses de la pandemia, se habría estructurado una red para la comercialización irregular de pruebas de COVID-19, en la que figura el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo.

El caso, que se encuentra a la espera de sentencia, apunta a reconstruir una serie de contratos, pagos y movimientos logísticos que habrían permitido la distribución de estos insumos en medio de la emergencia sanitaria.

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Según la acusación, la operación giró en torno a la venta de unas 21.000 pruebas entre marzo y agosto de 2020, en un contexto marcado por la urgencia y la escasez.

Para la Fiscalía, se trató de un esquema organizado que aprovechó la crisis para obtener beneficios económicos mediante la comercialización de productos médicos.

Pagos en efectivo para la adquisición de pruebas

Uno de los elementos centrales del caso es el flujo de dinero. En el expediente consta el pago de 321.600 dólares en efectivo que habría realizado Jacobo Bucaram para la adquisición de las pruebas.

Este movimiento es considerado clave por los investigadores por la forma en que se habría ejecutado: sin respaldo financiero formal.

Caso Pruebas Covid-19: Función de agentes de la ATM en Guayaquil

La investigación también detalla la participación de servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito. Según la Fiscalía, estos agentes habrían sido utilizados para brindar seguridad y facilitar el traslado de la mercadería hacia Guayaquil, específicamente hasta el domicilio del exmandatario.

Los agentes de tránsito, según la Fiscalía, incluso habrían simulado pertenecer a organismos internacionales como la DEA para evitar controles durante el transporte de las pruebas, lo que habría permitido movilizar los productos sin mayores restricciones.

Los allanamientos realizados en la vivienda de Bucaram reforzaron las sospechas de los investigadores. En el lugar no solo se encontraron las pruebas de COVID-19, sino también medicamentos y equipos médicos cuya procedencia no pudo ser justificada, lo que amplió el foco del caso hacia otras posibles irregularidades.

El material probatorio incluye más de medio centenar de testimonios, pericias técnicas, registros audiovisuales y fotografías que ubicarían a los involucrados en distintos momentos de la operación.

Parte de esta información fue aportada por uno de los procesados -un ciudadano israelí- quien posteriormente fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral, hecho que añadió un elemento adicional de complejidad al proceso.

Con estos elementos, la Fiscalía insiste en que existen suficientes indicios para configurar el delito de delincuencia organizada. El tribunal deberá valorar ahora la consistencia de las pruebas y los vínculos entre los acusados.