Contraloría determinó perjuicio de 18,8 millones en firma de acta relacionada con campo Sacha

La Contraloría General del Estado detectó un perjuicio económico de 18,8 millones de dólares relacionado con la liquidación de un contrato de Petroecuador para el suministro, montaje y puesta en marcha de sistemas de compresión de gas en el campo Sacha. 

El organismo de control aprobó un informe de auditoría en el que también se plantean responsabilidades administrativas y civiles para varios funcionarios vinculados con el proceso.

El examen especial revisó las actuaciones realizadas entre enero de 2020 y junio de 2025 alrededor del Acta de Finiquito del contrato No. 2007078, firmado originalmente en agosto de 2007 entre Petroindustrial y un consorcio encargado de ejecutar obras en las estaciones Norte 1 y 2, Central y Sur del campo petrolero.

El contrato fue suscrito por 28,6 millones de dólares y tenía un plazo de ejecución de 420 días. Sin embargo, la relación contractual terminó en medio de incumplimientos y disputas judiciales. 

Según la Contraloría, la contratista incumplió con obligaciones como la entrega oportuna de derechos de vía, además de registrar retrasos en la ejecución y entrega de bienes. Esto llevó a Petroindustrial a declarar la terminación unilateral del contrato en febrero de 2010.

Posteriormente, la estatal notificó multas al consorcio contratista. Aunque la empresa presentó acciones judiciales y constitucionales para frenar esas decisiones, todas fueron rechazadas.

Sobre la firma del acto de finiquito

El punto crítico identificado por la auditoría ocurrió más de una década después. El 21 de abril de 2021 se suscribió un Acta de Finiquito que, según la Contraloría, se aprobó sin contar con criterios jurídicos suficientes. 

En ese documento se reconocieron y liquidaron intereses calculados retroactivamente desde 2010 hasta 2021.Para el organismo de control, esos pagos se efectuaron sin que existiera una obligación “pura, líquida y exigible”, lo que generó un perjuicio económico de USD 9,4 millones.

La auditoría también determinó que Petroecuador dejó de cobrar valores que ya estaban en firme. Entre ellos constan multas por 7,8 millones y cuentas pendientes de cobro por más de 1,5 millones de dólares.

La suma de los intereses pagados y de los valores que no fueron recuperados elevó el perjuicio total a USD 18,8 millones.

Por estos hallazgos, la Contraloría predeterminó responsabilidades civiles por 18’876.890,04 millones. Además planteó sanciones administrativas para funcionarios involucrados en la liquidación del contrato. 

Las multas sugeridas ascienden a 9.300 dólares y están relacionadas con incumplimientos de procedimientos legales y financieros durante el cierre contractual.