Caso Triple A: aplazan audiencia de suspensión de pena a cuatro condenados

La audiencia de suspensión condicional de la pena solicitada por cuatro sentenciados en el caso Triple A fue diferida el 14 de septiembre de 2026, luego de que los abogados de dos de los procesados pidieran el aplazamiento de la diligencia judicial.

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La diligencia estaba programada para las 17:00 y tenía como objetivo analizar el pedido presentado por Carolina del Rocío Troya, Lady Juliana Cedeño, Jessenia Vélez Orellana y José Ricardo Cevallos Avellán, quienes fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión en calidad de cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

Según la resolución del Tribunal, la audiencia no se instaló debido a una solicitud formulada por las defensas de Jessenia Vélez Orellana y José Ricardo Cevallos Avellán. El pedido fue aceptado por el juez ponente, Jorge Sánchez Pico, luego de verificar que las justificaciones presentadas cumplían los requisitos correspondientes.

Tribunal anunciará una nueva fecha

Tras acoger el pedido, el magistrado informó que posteriormente se notificará la nueva fecha y hora para la instalación de la audiencia, que se desarrollará de manera virtual.

Para esta diligencia fueron convocados representantes de la Fiscalía General del Estado, los procesados junto con sus abogados defensores y los acusadores particulares, entre ellos la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador.

La sentencia emitida en agosto

El pasado 29 de agosto, el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado emitió sentencia dentro del caso Triple A. En esa resolución condenó a seis años y ocho meses de prisión al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras cuatro personas en calidad de autores del delito investigado.

En la misma decisión, los cuatro procesados que ahora solicitan la suspensión condicional de la pena fueron sentenciados a dos años y ocho meses de cárcel como cómplices. Asimismo, seis personas resultaron absueltas, aunque esa decisión fue apelada por la Fiscalía.

Clausura de empresas y reparación económica

La sentencia también dispuso la clausura definitiva y disolución de las empresas: 

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Además, los jueces ordenaron una reparación integral de 61,5 millones de dólares a favor de Petroecuador y la ARCH, así como multas equivalentes a doce salarios básicos para las personas naturales condenadas y mil salarios básicos para las compañías declaradas culpables.

La acusación fiscal

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, entre 2020 y 2024 se habrían desviado 22,7 millones de galones de diésel y gasolina subsidiados, ocasionando un perjuicio económico estimado en 61,5 millones de dólares para el Estado. 

La tesis fiscal sostiene que el combustible era adquirido para el segmento automotor y posteriormente comercializado en los sectores industrial y naviero internacional, donde los precios eran superiores a los autorizados para el destino original.