Caso Sinohydro: audiencia de juzgamiento contra Lenín Moreno se instalará el 11 de mayo

La Corte Nacional de Justicia tiene previsto instalar este lunes 11 de mayo, a partir de las 08:30, la audiencia de juzgamiento dentro del caso Sinohydro, proceso en el que está acusado el expresidente Lenín Moreno por el presunto delito de cohecho. 

La diligencia se realizará casi seis meses después de que el juez del caso dispusiera su llamado a juicio junto a varios de sus familiares y otros procesados.

Retorno de Lenín Moreno a Ecuador

Moreno llegó a Quito el miércoles 6 de mayo de 2026, procedente de Paraguay, país en el que residía desde que dejó el poder en 2021. Su retorno se produjo días antes de la instalación de la audiencia y se dio luego de cinco años fuera del país. A su arribo estuvo acompañado por su esposa, Rocío González, y fue recibido por personas de su entorno político.

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El expresidente enfrenta el proceso judicial tras haber sido llamado a juicio junto a su esposa, su hija, hermanos y cuñada, además del lobista Conto Patiño y varios de sus familiares. 

En lugar de prisión preventiva, el juez dispuso como medida cautelar que Moreno se presente de forma periódica ante la Embajada de Ecuador en Asunción, obligación que debía cumplir mientras residía en Paraguay.

Acusación fiscal por presunto esquema de sobornos

Según la Fiscalía, el presunto esquema de corrupción se habría desarrollado entre 2010 y 2018. Durante ese período, la empresa china Sinohydro habría entregado sobornos para asegurar la adjudicación del contrato de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, así como su financiamiento con recursos del EximBank de China. 

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El ente acusador estima que los pagos ilegales movilizaron alrededor de $76 millones, en lo que considera la trama de sobornos más grande registrada en el país.

La Fiscalía sostiene que, durante su etapa como vicepresidente de la República, Moreno habría facilitado el avance de las gestiones de Sinohydro a través de su relación con Conto Patiño, a cambio de pagos irregulares que habrían beneficiado tanto a los procesados como a sus familiares. 

En total, el caso involucra a 40 personas, aunque solo una parte participa en esta fase del juicio. El exmandatario ha rechazado las acusaciones y ha calificado el proceso como una persecución política.