Caso Progen: defensas denuncian que audios y videos no fueron incorporados al expediente

Durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos del caso Progen, David Arias, abogado del exministro de Energía Antonio Gonçalves, cuestionó la exposición realizada por la Fiscalía y sostuvo que los elementos presentados corresponden a actos administrativos y no a indicios de un presunto peculado o uso indebido de fondos públicos vinculados a los contratos de las centrales termoeléctricas de Quevedo y Salitral.

"¿Desde cuándo firmar un decreto es un delito?", cuestionó Arias durante su intervención.

El abogado sostuvo que el fiscal Carlos Alarcón no precisó qué acto específico, en qué fecha o bajo qué disposición Gonçalves habría abusado, distraído o permitido un uso irregular de recursos públicos durante los tres meses que permaneció en funciones, esto es entre julio y octubre de 2024.

La Fiscalía sostiene que Gonçalves incurrió en una omisión al no impedir posibles afectaciones a recursos estatales, al considerar que, por su cargo, tenía el deber de proteger fondos públicos. Sin embargo, la defensa insistió en que ese argumento no es suficiente para sustentar la imputación.

Por ello solicitó al juez que se declare insuficiente la formulación de cargos y que rechace el pedido de prisión preventiva. También cuestionó el argumento fiscal relacionado con una presunta capacidad económica que facilitaría un riesgo de fuga.

Defensa de Calero: "No direccionó ni ejecutó el contrato"

La defensa de Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, también rechazó la imputación fiscal y sostuvo que no se ha delimitado un periodo claro de investigación.

Según su abogado, Calero no firmó los contratos con Progen, no intervino en la selección de la empresa ni ejecutó los contratos. Señaló que su papel se limitó a declarar la emergencia en Celec, después de la declaratoria realizada por el entonces ministro encargado Roberto Luque.

Además, cuestionó que entre los elementos de convicción mencionados por la Fiscalía conste el informe técnico que sirvió para justificar la emergencia. "Un acto administrativo es legítimo mientras no se demuestre lo contrario", afirmó la defensa.

También señaló que la Fiscalía conoce plenamente el domicilio de Calero porque formó parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos por lo que no hay riesgo de fuga.

Técnicos presentan documentos para demostrar arraigo

Las defensas de varios técnicos de Celec procesados en el caso presentaron documentación para demostrar arraigo y solicitar que no se dicte prisión preventiva.

Entre los documentos entregados constan certificados laborales, partidas de nacimiento de hijos menores de edad, certificados médicos y estados de cuenta bancarios con saldos bajos.

Las defensan de los técnicos Marvin Rubio Zapata, Julio Montesdeoca, Nelson Castro, Luis Paul Flores y Celso Sánchez utilizaron estos documentos para argumentar que no existe riesgo de fuga.

En el caso de Sánchez, su abogado afirmó que es testigo protegido y que la Policía verifica diariamente su ubicación. Además, señaló que su cliente integró la comisión de verificación de los motores de Progen en Estados Unidos. Según explicó, Sánchez elaboró un borrador de informe en el que recomendó al administrador del contrato (no ha sido procesado por la Fiscalía) no recibir los equipos porque eran antiguos, tenían placas remarcadas y no cumplían con las especificaciones técnicas.

Técnicos entregaron audios, correos y videos, pero la Fiscalía no los tomó en cuenta

El abogado de Celso Sánchez indicó que su defendido entregó un computador y un audio de más de una hora con información relevante; sin embargo, sostuvo que esos elementos no habrían sido incorporados por la Fiscalía al expediente.

Además, señaló que entregó sus correos electrónicos y advirtió que una eventual prisión podría provocar la pérdida de información almacenada en su cuenta institucional si esta fuera eliminada.

Finalmente, el abogado aseguró que, tras circular en redes sociales un video relacionado con técnicos que inspeccionaron equipos de Progen en Estados Unidos y denunciaron presuntas amenazas, su defendido recibió más de 30 llamadas intimidatorias durante la noche anterior.

Los abogados de Nelson Castro y de Luis Flores también revelaron que sus clientes fueron amenazados, presentaron las denuncias, pero a pesar de eso han colaborado con la investigación mediante la entrega de audios, videos y correos electrónicos que apuntan a los verdaderos responsables, sin embargo hasta la fecha la Fiscalía no incluido esos documentos en el expediente, pese a tenerlos desde el año pasado.