Caso Jaque: peritaje revela "red paralela" que emitía licencias fuera del sistema en la ANT

Un informe pericial incorporado al expediente del denominado caso Jaque apunta a la existencia de un sistema irregular dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que habría permitido la emisión de licencias de conducir al margen de los mecanismos oficiales. 

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El documento, elaborado por un perito informático y presentado por la Fiscalía que consta en el expediente, sostiene que operaba una “estructura paralela” que gestionaba turnos y trámites fuera del sistema institucional.

La investigación, que se inició tras un operativo ejecutado el 30 de enero de 2026, deja hasta el momento 16 personas procesadas, entre ellas exfuncionarios de la ANT, incluido su exdirector, Pedro Abril Alegría. Como parte de las diligencias, la Fiscalía obtuvo la colaboración de un “cooperador eficaz”, cuyo testimonio anticipado forma parte de la fase actual del proceso.

Turnos fuera del sistema y cobros irregulares

Según el peritaje, además del sistema oficial de agendamiento de turnos en línea, existía un circuito alternativo al que solo accedían funcionarios de la ANT. A través de este mecanismo, los empleados asignaban turnos manualmente sin generar órdenes de pago a favor de la institución.

Esto implicaba que los usuarios no registraban sus trámites en la plataforma oficial y que los pagos, en vez de ingresar a las arcas estatales, eran entregados directamente a quienes integraban la presunta red. 

La Fiscalía ha señalado que esta modalidad habría permitido el cobro ilícito por la obtención de licencias y otros servicios.

El informe también establece que los funcionarios utilizaban el sistema interno AXIS —destinado exclusivamente al uso institucional— para procesar estos turnos manuales, particularmente en agencias de Pichincha.

Inconsistencias en cifras y atención

El análisis técnico detectó discrepancias significativas entre el número de turnos otorgados oficialmente, los usuarios atendidos y las licencias finalmente emitidas. 

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Un ejemplo citado corresponde al 6 de enero de 2026, cuando en la agencia Plataforma Sur se registraron 144 turnos web, pero se atendió a 204 personas y se entregaron 237 licencias. 

Situaciones similares se repitieron en otros días analizados, lo que sugiere que la cantidad de trámites realizados superaba con creces la capacidad formal del sistema.

Además, el peritaje indica que en algunos casos un mismo turno era reutilizado para múltiples usuarios, lo que derivaba en la emisión irregular de licencias.

Operaciones fuera del horario establecido

Otra de las anomalías detectadas es que la impresión de licencias se realizaba fuera del horario oficial de atención, fijado entre las 08:00 y las 16:00. El informe documenta que, tras el cierre de las oficinas, continuaban procesándose trámites.

En la agencia Sur, por ejemplo, se registraron 326 operaciones fuera del horario en enero de 2026, una cifra superior a las 140 detectadas en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, el ritmo de atención identificado en algunas agencias resulta incompatible con los tiempos establecidos. En ciertos puntos, según el informe, se atendieron hasta seis turnos en intervalos de diez minutos, pese a que el sistema contempla la atención de un turno en ese mismo lapso.

Impacto en usuarios y denuncia inicial

De acuerdo con la Fiscalía, este esquema habría afectado a usuarios que intentaban obtener turnos de manera regular, ya que los cupos eran limitados mientras los trámites irregulares se gestionaban con mayor rapidez.

La investigación se originó precisamente por una denuncia que advertía de cobros de hasta $250 para agilizar trámites como la obtención de licencias o la matriculación vehicular sin necesidad de turno previo.

El rol del cooperador eficaz

Dentro del proceso, uno de los elementos relevantes es la participación de un colaborador identificado como Oswaldo Rodrigo Huertas Paredes, técnico en emisión de licencias y funcionario de la ANT desde 2018.

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Según la Fiscalía, este individuo sería uno de los coordinadores de la red investigada y su cooperación permitió documentar parte de la estructura interna. Chats incorporados al expediente evidenciarían la coordinación de trámites y la obtención de ingresos irregulares.

Durante un allanamiento a su domicilio, agentes policiales encontraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y joyas, elementos que forman parte de las evidencias del caso.

El procesado fue trasladado a un centro penitenciario fuera de Pichincha tras una evaluación de riesgo que determinó posibles amenazas contra su seguridad.