Caso Baldor Bermeo: los nexos del exalcalde de Ponce Enríquez con Los Lobos

La captura del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, ha puesto la atención sobre uno de los territorios más golpeados por la violencia asociada a la minería y al crimen organizado en Ecuador. 

La Fiscalía y la Policía investigan al exfuncionario por presunto lavado de activos y lo señalan como uno de los supuestos financistas de la organización criminal Los Lobos, una estructura que ha extendido su influencia en zonas mineras del sur del país.

Bermeo fue detenido el 28 de julio durante un operativo ejecutado en Azuay y El Oro, en el que las autoridades realizaron diez allanamientos, intervinieron empresas y detuvieron a seis personas, varias de ellas pertenecientes a su entorno familiar. La investigación busca determinar el origen de recursos económicos que, según los organismos de control, no guardarían relación con actividades económicas justificadas.

La hipótesis: minería ilegal y financiamiento criminal

La principal línea de investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado actividades mineras para obtener y mover recursos económicos que terminarían beneficiando a organizaciones criminales.

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Según la información presentada por las autoridades, entre 2023 y 2025 Bermeo y personas vinculadas a él habrían registrado movimientos económicos millonarios. 

El Gobierno sostiene que empresas relacionadas con el exalcalde movilizaron al menos $3,2 millones, mientras que la Fiscalía investiga ingresos superiores a $9 millones que no tendrían sustento económico plenamente justificado.

Las pesquisas también indagan la presunta exportación de oro sin que se haya logrado determinar el origen lícito del mineral. Para los investigadores, la minería habría funcionado como el eje principal de una estructura económica que mezclaba operaciones formales con actividades bajo sospecha.

¿Cómo habría operado el esquema?

La teoría presentada por las autoridades señala que el grupo obtenía recursos mediante actividades de minería ilegal y, en ciertos casos, utilizaba concesiones legales para dar apariencia de legalidad al material extraído. 

Además, se investiga si operadores vinculados a la organización ejercían presión sobre concesionarios mineros para tomar control de determinadas áreas de explotación.

De acuerdo con esa hipótesis, el oro extraído de forma irregular era mezclado con producción proveniente de empresas formalmente registradas, lo que dificultaría rastrear su origen y facilitaría su comercialización y exportación. Las autoridades sostienen que esos ingresos habrían contribuido al fortalecimiento financiero de la estructura criminal.

Un cantón marcado por la disputa criminal

Camilo Ponce Enríquez se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos más conflictivos del país debido a la expansión de la minería ilegal y la presencia de organizaciones criminales interesadas en controlar esta actividad.

Durante la administración de Bermeo como alcalde, entre 2019 y 2023, el cantón experimentó un incremento de hechos violentos vinculados a disputas por territorios mineros. Existen en estas zonas conflictos con la presencia de facciones de Los Lobos, organización que busca controlar economías ilegales asociadas a la extracción de minerales.

La lucha por el control de estas zonas ha derivado en atentados, homicidios y enfrentamientos armados que han afectado a comunidades dedicadas directa o indirectamente a la actividad minera.

De la política a la investigación penal

Antes de su detención, Bermeo intentaba retornar a la Alcaldía en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026. Además de su actividad política, era conocido como empresario minero y dirigente deportivo en la provincia del Azuay.

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Su trayectoria pública también estuvo marcada por episodios de violencia. En febrero de 2023 sufrió un atentado armado que le provocó heridas de consideración. Asimismo, enfrentó procesos judiciales relacionados con conflictos sociales y protestas vinculadas al sector minero.

Tras su captura, un juez dictó prisión preventiva para Bermeo y otras cinco personas procesadas en el caso. La investigación incluye además a dos empresas y se centra en presuntos delitos relacionados con lavado de activos, minería ilegal, distribución de explosivos y posible exportación irregular de oro.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de $250.000 en efectivo, un lingote de oro, joyas, dispositivos electrónicos y vehículos, elementos que ahora forman parte de la investigación.