CONCURSO FISCAL GENERAL
Candidatos a fiscal general descalificados apelan decisión ante el CPCCS: qué sigue en el concurso
Los postulantes descalificados apelaron ante el CPCCS para seguir en el concurso a fiscal general del Estado. Hay pedidos de nulidad

Walter Macías es uno de los postulantes descalificados que presentó la apelación.
Lo que debes saber
- Candidatos descalificados apelaron ante el CPCCS para seguir en el concurso a fiscal general.
- Walter Macías y la veeduría ciudadana pidieron la nulidad del proceso de selección.
- Gustavo Benítez y Alejandro Montecé denunciaron vicios legales y falta de sustento técnico.
Los aspirantes a fiscal general del Estado descalificados presentaron, hasta el 15 de octubre de 2026, sus recursos de apelación ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La medida busca revertir las impugnaciones ciudadanas aceptadas en su contra para continuar dentro del concurso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, proceso que ahora entra en una fase definitoria de resolución administrativa en el pleno.
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Los plazos que definen la continuidad del concurso a fiscal general
Una vez concluido el plazo reglamentario para ingresar los recursos, el Pleno del CPCCS deberá tramitar y definir la situación jurídica de los aspirantes bajo un cronograma establecido:
- Resolución del Pleno: El organismo resolverá en el término de dos días, contados desde la recepción del informe no vinculante en la Secretaría General. Su dictamen sobre las impugnaciones ciudadanas será único e inapelable.
- Notificación formal: La decisión se notificará a las partes y a la Comisión de Selección con los expedientes e informes de sustento. La ratificación de la impugnación implicará la descalificación definitiva del candidato.
- Informe final de fase: Tras la notificación, la Comisión de Selección tendrá dos días de término para emitir su informe final motivado sobre sesiones, asistencias de comisionados y resultados.
- Paso a la fase de oposición: El informe pasará en dos días al Pleno del CPCCS para su conocimiento, habilitando el inicio de la siguiente etapa del proceso.
Pedidos de nulidad del concurso y cesación de comisionados
La etapa de impugnación enfrenta cuestionamientos globales presentados por postulantes y veedores acreditados:
- Walter Macías: El postulante apeló su exclusión y solicitó la nulidad parcial del concurso, circunscrita a la fase de impugnación ciudadana. Además, pidió cesar a los comisionados ciudadanos invocando los numerales 8 y 16 del artículo 8 del reglamento de selección de la Fiscalía, junto con el artículo 75 del reglamento de comisiones ciudadanas.
- Veeduría ciudadana: Exigió al Pleno del CPCCS declarar la nulidad total del proceso, argumentando irregularidades detectadas desde el inicio de la convocatoria y solicitando un nuevo llamado.
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Los argumentos jurídicos de Gustavo Benítez y Alejandro Montecé
Los aspirantes excluidos sustentaron sus impugnaciones señalando presuntas vulneraciones al debido proceso y a la normativa técnica.
Gustavo Benítez denuncia revisión de fallos judiciales
El fiscal Gustavo Benítez afirmó que su descalificación carece de motivación de derecho y contiene vicios de procedimiento:
- Sostuvo que la Comisión empleó elementos no incorporados al expediente formal y citó presuntas sentencias judiciales sin datos de verificación.
- Cuestionó que los evaluadores revisaran actuaciones de tribunales y altas cortes, confundiendo el rol técnico acusador con funciones jurisdiccionales.
- Objetó la valoración de un informe de la "mesa de la verdad" del Consejo de la Judicatura Transitorio, argumentando que no fue incorporado formalmente y provino de personas investigadas.
- Señaló el incumplimiento de la resolución CPCCS-PLE-SG-019-E-2026-0248, que prohíbe evaluar criterios de carácter jurisdiccional.
Alejandro Montecé cuestiona falta de análisis integral de probidad
Por su parte, Alejandro Montecé objetó que la Comisión calificara como deshonestidad un cruce de horarios operativo en la Defensoría Pública:
- Alegó la inobservancia de la Sentencia N.° 29-26-IN/26 de la Corte Constitucional, la cual exige ponderar la probidad de forma contextual y sin juicios subjetivos.
- Recordó que el Consejo de la Judicatura descartó infracciones en el sumario disciplinario N.º 23001-2024-0157, por lo que la Comisión se atribuyó potestades sancionatorias sobre hechos ya juzgados.
- Explicó que el incidente del 24 de agosto de 2021 derivó de una sobrecarga de hasta 30 diligencias diarias en Santo Domingo durante la pandemia, al priorizar un testimonio anticipado para víctimas vulnerables.
- Cuestionó el descarte de su expediente académico de 242 páginas y las inconsistencias reglamentarias del cronograma del concurso.