Ataques a barcos pesqueros en Ecuador: la ONU ve ejecuciones extrajudiciales

Frente a los ataques armados contra barcos pesqueros ecuatorianos sospechosos de participar en operaciones de narcotráfico y frente a la desaparición de sus tripulantes, los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador parecen esperar de la sociedad un acto de fe. Si se destruyen barcos y desaparecen tripulantes mientras otros son detenidos y maltratados, debe ser porque son narcotraficantes. Las evidencias pasan a un segundo plano: lo que se exige es confiar ciegamente en el criterio de los agentes estatales que participaron en los operativos.

Ese es uno de los cuestionamientos centrales del informe de Ben Saul, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Saul coloca estos hechos entre los más graves de los operativos conjuntos de EE. UU. y Ecuador.

Cifras de víctimas y el dictamen del relator de la ONU

Según el informe, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, Estados Unidos atacó 68 embarcaciones fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado, entre ellas las ecuatorianas, con un saldo de al menos 223 personas muertas.

Para las autoridades de Estados Unidos y Ecuador, entre ellas el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, parece bastar con confiar en la información de los militares. Para Saul, eso no es suficiente. Su conclusión es tajante: considera que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales en serie” y sostiene que violan el derecho a la vida.

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La gravedad de la conclusión es enorme. Tanto que los hechos podrían terminar generando, en el futuro, acusaciones por crímenes de lesa humanidad contra autoridades involucradas en los operativos. El informe señala que no se ha hecho pública evidencia suficiente que demuestre que las personas atacadas constituían una amenaza inminente o que las embarcaciones estuvieran efectivamente transportando drogas. Saul argumenta que el narcotráfico, por sí solo, no equivale a un ataque armado que permita responder militarmente.

Y recuerda algo elemental: antes de matar, el Estado debe demostrar por qué una persona podía ser legítimamente convertida en un blanco.

Documentación de ataques y la falta de interdicción marítima

En Ecuador, la pregunta resulta todavía más incómoda. Investigaciones de Human Rights Watch documentaron los ataques contra tres barcos pesqueros entre enero y marzo y revisaron registros de navegación, fotografías, videos, documentos judiciales y datos de monitoreo marítimo. En al menos uno de los casos, sobrevivientes y familiares sostuvieron que eran pescadores y no narcotraficantes.

Pero hay una pregunta que el informe de Saul deja flotando y que resulta difícil de esquivar: si existían pruebas suficientes para identificar a esas embarcaciones como objetivos del narcotráfico, ¿por qué no se las interceptó, abordó y registró antes de destruirlas?

El relator cuestiona precisamente que los ataques fueran una medida de último recurso y señala que existían alternativas como la interdicción y el abordaje.

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Eso obliga a invertir la pregunta oficial. Ya no basta con decir que eran “narcos”, “terroristas” o “embarcaciones sospechosas”. La sospecha no es una prueba. Y una etiqueta no convierte a un pescador en combatiente.

Hay algo más: destruir el barco puede destruir también la evidencia que permitiría saber qué llevaba realmente, quiénes eran sus tripulantes y qué ocurrió a bordo. Por eso, la pregunta central del informe de Saul es demoledora: ¿qué pruebas tenía el Estado antes de disparar y quién las verificó?

Casos de embarcaciones atacadas y el rol de la cooperación militar

En el caso ecuatoriano, Saul analiza la desaparición del Fiorella y los ataques contra La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos entre enero y marzo de 2026 frente a las costas de Ecuador y Galápagos.

Aquí aparece otro problema de fondo. El informe señala que la naturaleza, el alcance y el fundamento jurídico de la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos no están suficientemente esclarecidos.

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La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: si hubo inteligencia ecuatoriana, participación ecuatoriana, apoyo logístico o coordinación con Estados Unidos, ¿qué información aportó Ecuador para identificar a esos barcos como objetivos?

Y si Ecuador no participó, la pregunta es distinta pero igual de incómoda: ¿por qué un país extranjero pudo operar de esa manera en el entorno marítimo ecuatoriano y qué sabía el Gobierno de Ecuador?

Implicaciones penales e investigaciones por crímenes de lesa humanidad

Hay además un dato especialmente grave. El informe menciona el asesinato de la fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo, quien estaba vinculada a la investigación sobre la desaparición del Fiorella. Saul incorpora este hecho en el contexto de las preguntas aún no resueltas alrededor de esos casos.

Durante meses, estos ataques han sido tratados por algunos periodistas y medios simpatizantes con el Gobierno casi como un acto de fe: si el Gobierno y los Estados Unidos dicen que eran narcotraficantes, hay que creerles.

El informe de un relator de la ONU plantea exactamente la pregunta contraria: ¿Qué pruebas había antes de disparar? ¿Quién las verificó? Las respuestas a esas preguntas determinarán algo mucho más grave que la suerte de una operación militar. Determinarán si lo ocurrido fue una operación legítima contra el narcotráfico o una serie de ejecuciones extrajudiciales.

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Y si las investigaciones posteriores establecen que hubo ataques ilegales y sistemáticos contra civiles, las responsabilidades podrían llegar mucho más lejos de lo que hoy están dispuestos a admitir quienes ordenaron o ejecutaron esos operativos. Que las autoridades no olviden que los crímenes no se olvidan y que en el futuro pueden llegar a ser procesados por ellos.