Abogado de Aquiles Álvarez denuncia bloqueo judicial para operación de vesícula
Julio César Cueva reclama falta de celeridad procesal frente al deterioro de salud del actual personero municipal y exige prontas respuestas

Para Julio César Cueva, la exposición mediática de los procesos penales y los llamados “juicios paralelos” afectan la imparcialidad de la justicia.
La defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este 10 de septiembre una falta de celeridad en el sistema de justicia que impediría la realización de su operación de vesícula programada para el próximo 15 de septiembre.
Guayaquil
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La defensa cuestiona la rapidez procesal
Tras la pérdida de un primer turno quirúrgico el pasado 11 de agosto, el abogado Julio César Cueva presentó un recurso de hábeas corpus ante la Corte Provincial de Santa Elena para exigir al SNAI y a las autoridades competentes que viabilicen la intervención.

El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez permanece en la cárcel El Encuentro, en Santa Elena.
El vocero legal contrastó el estancamiento de este requerimiento médico con el flujo del caso Grillete, donde la apelación se admitió y gestionó con oficios en menos de 24 horas. Cueva detalló que, por el contrario, en más de 45 días apenas han logrado dos conexiones telemáticas de una hora para revisar las 10.000 fojas correspondientes al expediente del caso Goleada.
"Al señor alcalde de Guayaquil no lo están juzgando jueces imparciales", aseveró el defensor, quien catalogó a las instancias que operan en estas causas como tribunales de excepción.
Cabe destacar que el funcionario presenta múltiples cálculos biliares y es trasladado periódicamente a un centro de salud para evaluación continua. Ante esta alerta, su esposa y actual precandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Fiorella Ycaza, se pronunció sobre el caso, exigiendo respuestas inmediatas ante la vulneración del derecho a la salud.
Cueva anticipó que continuará ejecutando las vías jurídicas pertinentes y dejará constancia formal de las omisiones cometidas por jueces y autoridades que obstaculizan la atención programada.