Ola de violencia en Honduras: Ataques del crimen organizado dejan al menos 25 muertos

Al menos 25 personas, entre civiles y policías, murieron el jueves 21 de mayo de 2026, en dos ataques del crimen organizado en el norte de Honduras, informaron las autoridades, en momentos en que el país alista una ofensiva contra esas bandas.

El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.

Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.

"Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida", dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.

En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional reportó cinco agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes.

"Los encontramos en un sector montañoso de la frontera entre Honduras y Guatemala (...), ahí les habrían quitado la vida", dijo a la AFP el portavoz de la policía hondureña, Edgardo Barahona.

Más temprano, la policía reportó un civil fallecido en ese hecho.

El presidente del país, Nasry Asfura, aseguró en un mensaje a la nación que van "a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (...). Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune".

Ambos ataques ocurrieron en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

"Escena dantesca"

Al parecer, "las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado", dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza, que pidió mantener su nombre en reserva.

Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.

"Es una escena dantesca", señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer "fueron ejecutadas con fusiles y escopetas".

Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.

"Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores", comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.

A raíz de los ataques, la embajada de Alemania en Honduras pidió a sus ciudadanos mantener una "precaución especial" en las zonas afectadas.

Ataque a policías

Sobre los hechos en Trujillo, el ministro sostuvo que se trata de un suceso inédito en una zona que, sin embargo, está "en conflicto desde hace muchos años" por el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico y la invasión de terrenos agrícolas.

El jefe de la policía de Trujillo, Carlos Rojas, explicó a un noticiero local que estas organizaciones ocupan y explotan ilegalmente dos fincas de palma africana.

"Pertenecían a una corporación y con el tiempo se fueron apoderando. Ese dinero les permite dotarse de armas para controlar la zona", señaló Rojas.

Por años, el movimiento campesino en la zona ha acusado a empresas agroindustriales de auspiciar a esos grupos y simular la ocupación para evitar que las tierras pasen a manos de los pobladores.

Debido al revés en Omoa, el gobierno suspendió al director y otros dos altos oficiales de la división antipandillas porque el operativo que terminó con el secuestro y el asesinato de los policías no siguió los "protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial".