Más territorio y más drones: los ataques a la Fuerza Pública colombiana crecen un 62 %

Los ataques contra la Fuerza Pública colombiana aumentaron un 62 % en el período 2024-2025 con respecto a los dos años previos, a la vez que se expandieron territorialmente y se multiplicó el uso de drones, alertó la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) en un informe divulgado este martes 22 de septiembre de 2026.

“Estamos en un momento de la historia de la violencia organizada en Colombia en donde no solamente hay más disputas entre actores armados no estatales entre sí (…) sino que esas organizaciones están atacando de manera mucho más clara y concreta en una ofensiva militar contra el Estado colombiano”, aseguró a EFE el director del área Conflicto y Seguridad de la FIP, Javier Flórez.

Según el documento 'Recuperar la ventaja', las zonas afectadas por la violencia pasaron de siete en 2022 a 14 en 2025, con especial incidencia en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Meta y Guaviare y las regiones del Catatumbo y la Amazonía colombiana.

A esta expansión territorial se sumó el incremento del uso de drones, ya que los ataques de los grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, lo que supone un crecimiento del 132 % en un solo año.

Flórez consideró a este respecto que la adaptabilidad tecnológica de algunos grupos armados (ya sea de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y otro grupos criminales) tiene "en jaque" a las Fuerzas Militares ante la pérdida del control aéreo, algo que antes no estaba disputado.

“Hoy en día, el dominio del espacio aéreo está en disputa entre el Estado y los grupos armados, que con unas capacidades financieras muy bajas -no tienen que gastar mucha plata ni poner en riesgo a sus hombres- están generando un daño muy grande y una incertidumbre muy compleja para nuestras Fuerzas Militares, pero también para la población civil y obviamente para nuestra Policía", indicó.

Alerta por desplazamiento masivo

La FIP señaló que esta transformación tecnológica aumenta las exigencias para el Estado, que debe responder a amenazas más dispersas e incorporar nuevas herramientas a sus operaciones.

El incremento de la violencia también tuvo un impacto sobre la población, ya que en 2025 el desplazamiento forzado masivo superó las 96.000 víctimas, mientras que los confinamientos afectaron a cerca de 155.000 personas, según las cifras recogidas por la FIP.

Frente a este escenario, la Fuerza Pública aumentó sus operaciones con 234 acciones en 2025, un 34,5 % más que en 2024, en un esfuerzo que, sin embargo, no se tradujo en una reducción de la expansión de estas organizaciones, según la FIP.

Asimismo, la cifra de integrantes de estos grupos armados ilegales pasó de 21.958 en 2024 a 27.121 en 2025.

Este crecimiento también se evidenció en el control territorial que ejercen estas organizaciones, que pasó de 562 municipios a 627, lo que representa cerca de un 57 % de todo el país.

El caso del Clan del Golfo

El informe destacó el caso del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, sobre la que se concentró una cuarta parte de los esfuerzos militares entre 2023 y 2025.

Pese a esta focalización de operaciones, el informe apuntó que la banda duplicó sus integrantes respecto de 2022 y amplió considerablemente su presencia territorial: pasó de estar en 13 departamentos a 17 de los 32 que tiene el país.

"Esta evolución muestra que el aumento del esfuerzo operacional puede afectar temporalmente a las organizaciones sin modificar necesariamente las condiciones que permiten su reposición y expansión territorial", señaló el informe.

La FIP planteó que esta situación muestra las limitaciones de una estrategia basada únicamente en incrementar el número de operaciones, debido a que las organizaciones armadas ilegales conservan mecanismos para reponer integrantes y ampliar su presencia territorial.

Asimismo, señaló que los recursos del Estado disponibles "no permiten recuperar, renovar y preservar la vigencia tecnológica de todas las capacidades militares al mismo tiempo". De hecho, tan solo el 46 % de las capacidades militares del país están operativas para estas acciones.

Ante esta situación, la FIP propuso orientar las capacidades militares hacia los territorios y funciones donde puedan producir efectos sostenidos, con especial atención a las economías ilegales, las redes de financiación, el reclutamiento y la logística que permiten la expansión de los grupos armados ilegales.

La FIP también planteó fortalecer capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como adaptar la Fuerza Pública a un escenario en el que las organizaciones armadas combinen una mayor presencia territorial con herramientas tecnológicas como los drones.