Los retos económicos y de seguridad que enfrentará el próximo presidente de Perú

Perú se encuentra a las puertas de definir a su próximo presidente en una de las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Con el 95,17 % de los votos escrutados, el izquierdista Roberto Sánchez mantiene una estrecha ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, con una diferencia de apenas 0,23 puntos porcentuales y poco más de 41.000 votos.

Sin embargo, el resultado sigue abierto debido a que faltan por contabilizar cerca de 3.000 actas, en su mayoría procedentes del extranjero, cuyos sufragios podrían inclinar la balanza en cualquiera de las dos direcciones.

Mientras el país espera el desenlace definitivo de unos comicios marcados por la polarización política, una realidad parece indiscutible: quien llegue al Palacio de Gobierno heredará una nación golpeada por la inseguridad, las economías ilegales y una prolongada crisis institucional que ha impedido consolidar políticas públicas de largo plazo.

Más allá de la identidad del ganador, los desafíos que aguardan al próximo mandatario son enormes y pondrán a prueba su capacidad para restaurar la confianza ciudadana y garantizar la gobernabilidad.

Quien asuma la Presidencia el próximo 28 de julio de 2026 deberá enfrentar problemas estructurales que se han agravado en medio de una década de inestabilidad política, durante la cual Perú tuvo ocho presidentes y una sucesión de crisis institucionales que han debilitado la capacidad del Estado para responder a las demandas de la población.

La inseguridad, principal preocupación ciudadana

La seguridad se ha convertido en el tema dominante de la campaña electoral. El aumento de los homicidios, las extorsiones y la presencia de organizaciones criminales ha generado una sensación de vulnerabilidad que atraviesa todas las capas sociales.

En Lima y su área metropolitana, la tasa de homicidios alcanzó los 23 por cada 100.000 habitantes en 2025, casi el triple de la registrada cinco años atrás. Las denuncias por extorsión aumentaron un 20 % durante el último año, mientras que sectores como el transporte público se han convertido en blancos frecuentes de grupos criminales.

Los asesinatos de conductores de autobuses y mototaxis, así como las amenazas contra empresarios y comerciantes, reflejan una realidad que muchos peruanos comparan con una situación de emergencia nacional.

La expansión de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas células vinculadas al Tren de Aragua, ha añadido una dimensión regional al problema. Analistas coinciden en que años de crisis políticas y constantes cambios de gobierno han dificultado la construcción de estrategias de seguridad sostenidas en el tiempo.

Por ello, el próximo presidente enfrentará la presión de ofrecer resultados rápidos en la lucha contra el crimen sin sacrificar las garantías democráticas ni los derechos humanos.

Una economía con fortalezas y profundas brechas

En el ámbito económico, Perú mantiene importantes ventajas competitivas. Es uno de los principales productores mundiales de cobre y posee abundantes reservas de oro, plata, zinc y estaño. Además, cuenta con sectores agrícolas y energéticos que han contribuido históricamente al crecimiento del país.

Sin embargo, detrás de esas fortalezas persisten problemas estructurales. Cerca del 70 % de la economía opera en la informalidad, lo que limita la recaudación fiscal, reduce la productividad y deja a millones de trabajadores sin protección social.

A ello se suman profundas desigualdades territoriales y sociales. Mientras algunas regiones se benefician de la actividad minera y del dinamismo económico, amplios sectores de la población continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

Según estimaciones del Banco Mundial, más del 30 % de los peruanos vive con menos de 6,85 dólares diarios, una cifra que evidencia los desafíos pendientes en materia de inclusión y reducción de la pobreza.

El desafío del narcotráfico

Otro reto estrechamente ligado a la seguridad y la economía es el narcotráfico. Perú continúa siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo junto con Colombia y Bolivia.

Aunque el cultivo de hoja de coca es legal para usos tradicionales y medicinales, las autoridades estiman que cerca del 90 % de la producción termina alimentando las redes del narcotráfico internacional.

La expansión de estas economías ilegales genera violencia, corrupción y una creciente penetración del crimen organizado en diversas regiones del país, especialmente en zonas rurales donde la presencia estatal sigue siendo limitada.

Recuperar la estabilidad política

Ninguna estrategia económica o de seguridad tendrá éxito sin estabilidad institucional. La sucesión de ocho presidentes en una década ha erosionado la confianza de los ciudadanos en el sistema político y ha debilitado la capacidad del Estado para responder a problemas cada vez más complejos.

La ajustada definición electoral refleja además la profunda división que atraviesa al país. Tanto si finalmente se impone Sánchez como si el voto del exterior termina favoreciendo a Fujimori, el próximo gobernante asumirá el cargo con una sociedad fragmentada, un Congreso previsiblemente disputado y una ciudadanía que exige resultados inmediatos frente a la delincuencia y el deterioro económico.

La elección presidencial representa así mucho más que una disputa entre izquierda y derecha. Se trata de una oportunidad para que Perú recupere la gobernabilidad perdida, fortalezca sus instituciones democráticas y enfrente de manera efectiva los problemas de seguridad y desarrollo que preocupan a millones de ciudadanos.