Nicaragua inicia reformas para impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones

El 21 de julio de 2026, la Asamblea Nacional de Nicaragua inició el proceso para reformar la Constitución y otras leyes con el objetivo de impedir que la oposición vuelva a disputar el poder político, una medida anunciada días antes por el presidente Daniel Ortega.

El Parlamento, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), informó que trabajará junto al Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir las modificaciones legales que, según indicó, permitirán "garantizar las bases jurídicas" de las reformas.

La decisión se produjo después de que Ortega afirmara, durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado el 19 de julio de 2026, que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones" que permitan a la oposición llegar al Gobierno.

En ese discurso, transmitido a nivel nacional, el mandatario ordenó levantar "un muro, un bloque" de leyes para impedir el retorno de los sectores opositores al poder. Aunque no detalló el contenido de las reformas, el anuncio ha despertado preocupación debido a que el país tenía previsto celebrar elecciones presidenciales en 2027, luego del aplazamiento aprobado mediante una reforma constitucional en 2025.

Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la Presidencia con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta tras otra modificación de la Constitución.

Reacciones internacionales tras el anuncio de Ortega

Las declaraciones del mandatario generaron una rápida respuesta de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió a través de la red social X que "el gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo y Ortega intensifica la represión interna".

En un comunicado del Departamento de Estado, Rubio sostuvo que las palabras de Ortega "dejan al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria" del Gobierno nicaragüense y afirmó que tanto el mandatario como Murillo "han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular".

Las críticas también provinieron de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó las declaraciones como "incompatibles con los principios de la democracia representativa", mientras que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) pidió respaldo de la comunidad internacional para garantizar la celebración de elecciones libres.

Lea también|Daniel Ortega anuncia que no permitirá nuevas elecciones para la oposición en Nicaragua

La oposición denuncia el fin de la democracia

Desde la oposición, el exaspirante presidencial Félix Maradiaga aseguró a The New York Times que el anuncio constituye la confirmación del fin de la democracia en Nicaragua.

"Esta es simplemente una expresión que demuestra de manera inequívoca cómo se le cayó la máscara de la supuesta legalidad que intentaba mantener", manifestó.

En la misma línea, el partido Renacer afirmó que el Gobierno "deja de fingir que existe competencia política y confirma públicamente que desde hace años no gobierna por el consentimiento de los ciudadanos, sino por la fuerza".

Las críticas se suman a los cuestionamientos que distintos organismos internacionales han formulado durante años sobre la legitimidad de los procesos electorales en Nicaragua, especialmente las elecciones presidenciales de 2021, cuando los principales líderes opositores fueron detenidos o inhabilitados antes de la votación.