Morales y sus seguidores arremeten contra Paz y el estado de excepción que rige en Bolivia

El exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) arremetió el miércoles 26 de agosto de 2026 contra el Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien acusó de haber llegado a la Presidencia por "accidente" y de supuesta "corrupción", además de cuestionar el estado de excepción que rige en el país desde junio.

Morales, contra quien pesan dos órdenes de captura por distintas causas, habló de estos temas en una concentración ante centenares de sus seguidores en la localidad de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que es su bastión sindical y político.

"Oportunamente dijimos (Rodrigo Paz) es un presidente por accidente. Ahora se demuestra eso. Un presidente, un Gobierno (que) solo sabe robar y no sabe gobernar", manifestó el también líder cocalero.

Sin ofrecer pruebas, Morales lanzó acusaciones contra Paz y su familia y consideró que "no hay gestión ni buena administración para Bolivia, no hay gestión pública".

El exgobernante también cuestionó el estado de excepción dictado por el Gobierno tras las protestas sociales de mayo y junio, y consideró que "había sido para más robar" y "para implementar políticas de hambre".

Además, criticó las políticas económicas del Ejecutivo, como el reciente retiro de la subvención del precio del diésel para los considerados "grandes consumidores", que fue una de las razones por las cuales los cocaleros que lidera el expresidente convocaron al mitin en Ivirgarzama.

Alerta por nuevos bloqueos

El discurso de Morales estuvo precedido por las intervenciones de varios dirigentes sindicales afines al exmandatario, quienes también lanzaron críticas contra el Gobierno y anunciaron movilizaciones que buscarán coordinar con sectores de otras regiones bolivianas.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra, dentro de una investigación por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

A fines de julio, la Fiscalía ordenó la captura del exmandatario, acusado de terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos, por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia de Paz.

Esos conflictos cesaron después de que el Gobierno logró acuerdos con algunos sectores y decretó el 20 de junio el estado de excepción por 90 días para levantar los bloqueos de carreteras que provocaron desabastecimientos de combustibles, alimentos e insumos médicos y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

El reciente retiro parcial de la subvención al diésel generó amenazas de nuevos bloqueos de carreteras por parte de sectores afines a Morales y agricultores en el oriente del país, entre otros sectores.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, dijo a los medios en La Paz que el estado de excepción está vigente y se dictó con carácter "humanitario para garantizar el abastecimiento de combustibles y de alimentos, y porque ha quedado en evidencia" que Bolivia está "en una situación (...) de narcoterrorismo contra el Estado".

"Y si esta amenaza continúa, tiene que ampliarse el estado de excepción. No podemos permitir que se interrumpan las garantías democráticas, que se interrumpa la vigencia plena del estado de derecho", afirmó.