Gobierno de Kast propone que hospitales y escuelas reporten migrantes irregulares en Chile

El Ejecutivo chileno, encabezado por el presidente José Antonio Kast, presentó una indicación legislativa que busca afilar el procedimiento de expulsiones administrativas. La propuesta establece que instituciones de salud y educación, públicas y privadas, estarán obligadas a entregar datos de migrantes irregulares a las autoridades migratorias.

Según el texto, los antecedentes incluyen domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes de extranjeros sujetos a procesos migratorios. La medida se enmarca en la estrategia del Gobierno de endurecer el control sobre la migración irregular.

Kast defiende la medida

Consultado por medios internacionales durante una rueda de prensa, Kast afirmó que la iniciativa busca “ordenar” las prestaciones sociales que entrega el Estado. “La única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, señaló.

El mandatario explicó que en los consultorios la demanda de pacientes supera la capacidad de atención, y que en educación ocurre algo similar. Kast, quien ganó las elecciones en diciembre de 2025 con un discurso de mano dura contra la migración irregular, sostiene que esta política es necesaria para enfrentar el aumento de la criminalidad.

El Ministerio del Interior aclaró posteriormente que “nadie va a estar persiguiendo a niños”, ya que están protegidos por el Derecho Internacional. La información que se recabe en los centros educativos estaría vinculada a los adultos responsables, no a los menores.

Zanja fronteriza y vuelos de expulsión

La propuesta se suma a otras medidas implementadas por Kast desde el inicio de su mandato. En su primera semana en el cargo, ordenó la construcción de una zanja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia, para frenar ingresos irregulares. Además, prometió intensificar los vuelos de deportación de migrantes con antecedentes penales.

Desde marzo de 2026, se han realizado dos vuelos de expulsión que trasladaron a 80 personas. Sin embargo, aún existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos. La falta de relaciones diplomáticas con Caracas, rotas tras las elecciones de 2024, dificulta la ejecución de estas deportaciones.

Kast reconoció recientemente que su promesa de expulsar de manera inmediata a los 330.000 migrantes irregulares fue una “hipérbole”. Su Gobierno busca ahora acercar posturas con Venezuela para concretar las deportaciones.