Escocia, Gales e Irlanda del Norte impulsaron su independencia del Reino Unido

Los principales partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron este lunes 14 de septiembre de 2026 un acuerdo para reforzar su cooperación y defender el derecho de sus respectivas naciones a decidir su futuro dentro o fuera del Reino Unido.

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún Gobierno de Westminster tiene derecho a obstaculizar la democracia”, señalaron los dirigentes reunidos en Cardiff, capital de Gales.

El documento fue suscrito por John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP) y ministro principal de Escocia; Rhun ap Iorwerth, dirigente de Plaid Cymru y ministro principal de Gales; y Michelle O’Neill, ministra principal de Irlanda del Norte y dirigente del Sinn Féin. También participó Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin y líder de la oposición en la República de Irlanda.

Aunque las tres organizaciones defienden cambios en la configuración territorial del Reino Unido, sus objetivos y tiempos son distintos. El SNP busca la independencia de Escocia; Plaid Cymru promueve que Gales se convierta en un Estado independiente; y el Sinn Féin propone la reunificación de Irlanda.

Nacionalistas defendieron su regreso a la Unión Europea

En su declaración conjunta, los dirigentes destacaron que, por primera vez, Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen ministros principales pertenecientes a organizaciones partidarias de modificar su relación con el Reino Unido.

“El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, manifestaron. Los líderes también sostuvieron que la coincidencia política entre los tres territorios representa una señal del debilitamiento del control ejercido desde Westminster.

El encuentro se produjo después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su respaldo a una eventual reunificación de Irlanda durante una visita a Dublín. Sus palabras generaron reacciones en Londres y volvieron a colocar el futuro constitucional de Irlanda del Norte dentro del debate político.

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El pacto reforzará la cooperación entre los partidos

Los participantes acudieron a la reunión como líderes de sus respectivas organizaciones políticas y no como representantes oficiales de los gobiernos autónomos. Esta distinción limita el alcance jurídico del documento firmado en Cardiff.

“Creemos que se avecinan cambios constitucionales”, señalaron. Además, se comprometieron a fortalecer la colaboración entre sus partidos e identificar áreas en las que una actuación conjunta pueda producir resultados concretos.

El acuerdo no se limita al debate sobre la independencia. Las organizaciones también prevén cooperar en asuntos relacionados con la economía, la salud, la energía y la relación de sus territorios con Europa.

Sin embargo, el memorando no tiene capacidad legal para convocar consultas populares ni obliga al Gobierno británico a autorizar nuevos procesos independentistas.

Cada territorio tiene un mecanismo constitucional diferente

En Escocia, el Gobierno británico mantiene la competencia sobre la Constitución y debe intervenir para habilitar legalmente un nuevo referéndum, como ocurrió con la consulta de 2014, en la que se impuso la permanencia en el Reino Unido.

Gales tampoco puede organizar unilateralmente una votación vinculante sobre su independencia. Plaid Cymru necesita ampliar el respaldo político y ciudadano a su propuesta antes de impulsar un proceso formal.

El caso de Irlanda del Norte es diferente. El Acuerdo de Viernes Santo contempla la posibilidad de celebrar una consulta sobre la reunificación irlandesa. La convocatoria corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte cuando considere probable que una mayoría respaldaría esa opción.

Por ello, el pacto firmado en Cardiff tiene principalmente un peso político y simbólico. Aunque no modifica las reglas constitucionales ni activa referéndums, articula por primera vez una posición conjunta entre las principales fuerzas nacionalistas de los tres territorios.

La declaración aumenta la presión sobre Westminster y reactiva el debate acerca de la estabilidad territorial del Reino Unido. Sin embargo, cada movimiento deberá avanzar conforme a sus propias condiciones políticas, legales y electorales.