Sesenta y seis estudiantes utilizando documentos falsos, según lo han confirmado las autoridades, habían logrado matricularse en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), pero cuando estaban a punto de egresar los directivos de la entidad los descubrieron.

Los involucrados se habían matriculado entre los años 2016 y 2017, y por aparentemente (al menos así lo mostraban sus documentos, que tenían los sellos y firmas de cada institución) haber estudiado antes en otros centros universitarios de tercer nivel (de Guayaquil y Milagro); no tuvieron la necesidad de dar el examen de ingreso, sino que sus materias fueron homologadas y pasaron directamente a segundo y tercer semestre.

El hecho se descubrió porque uno de los catedráticos de la UPSE, que había terminado su masterado y fue el encargado de revisar los documentos de cada joven, previo a egresar; se percató de que uno de sus docentes de maestría era quien le firmaba el acta de calificaciones. Esa firma fue la clave, pues al compararla con la de su título, constató que no era la misma, asegura el docente, que pide a este Diario no ser identificado.

Víctor Coronel, secretario de la UPSE, explica que el proceso de investigación inició el 13 de septiembre del 2019 y desde entonces empezaron a revisar de forma minuciosa los documentos de cada uno de los alumnos que habían ingresado por el sistema de homologación.

“Me pareció extraño que de una misma universidad, un importante número de estudiantes pretendiera pasarse al campus, pero como aquello se establece en la Ley de Educación Superior se les dio la apertura al trámite”, relató.

Ante la alerta, las autoridades solicitaron a los directivos de las academias de donde presuntamente venían los estudiantes, que les faciliten un documento que certifique que habían pasado por sus aulas. Y fue allí donde se confirmó el acto ilícito.

Frente a este hecho, la Comisión de Ética de la universidad resolvió hace apenas unos días la separación definitiva de los alumnos, hoy acusados del delito de fraude y deshonestidad académica. Pero la situación no queda allí. La Procuraduría de la universidad presentará esta semana la denuncia ante la Fiscalía, en la que se solicitará investigar no solo a los implicados, sino que a los jóvenes que este año pretendían ingresar bajo la misma modalidad.

La falta cometida, a decir de Carlos Alcívar, presidente del Colegio de Abogados de Santa Elena, puede ser sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años.

Los acusados, según confirmó uno de los familiares de estos a EXPRESO, buscan interponer una Acción de Protección pues consideran que se les ha vulnerado sus derechos al dejarlos en indefensión. Alegan que desconocían que la academia abrió un expediente administrativo en su contra.