Trabajo infantil persiste en las vías de Guayaquil ante la vista de todos y de nadie

Aún le queda una docena de caramelos mentolados en su funda. No es una fortuna, pero el chocar de las monedas en su bolsillo al caminar entre automotores lo alienta; por ratos y suena más fuerte que los pitidos que ambientan el trancón entre la avenida Las Aguas y la Enrique Ortega a las seis de la tarde. Cuando el agente de tránsito cede el paso, él regresa al parterre central: es el único instante en que el niño está consciente de que la calle no es su lugar.

Trabajo infantil, un problema que no acaba

Al preguntarle si está solo, lo niega con soltura. Señala hacia el otro lado de la intersección, en la bajada de la loma, donde su madre también se juega a la suerte del semáforo. “Sí, sí voy a la escuela, pero en las tardes ella me trae”, complementa. El tráfico se detiene de nuevo, y él regresa a laburar. EXPRESO cruza también, a hablar con la adulta.

“Ahorita es malo dejarlos solos en casa, con tanta violencia y peligro que se vive en el barrio. Yo soy una madre que hasta al baño me lo traigo a mijo; no hay con quién dejarlo en casa porque en estos tiempos no se puede confiar ni en la familia de uno. Imagínese: viene un muchacho ‘dañado’, lo primero que hace es venderle H”, explica la señora, quien vive en la Balerio Estacio. Justifica que no lo hace todos los días, pero que al menos ese día lo hace porque tiene que costear la lista de útiles de sus hijos. “Ahorita no hay trabajo”, sentencia.

La inacción estatal alimenta las cifras de precariedad

Es una de tantas historias que se dibujan en Guayaquil en diferentes tramos, a vista y paciencia de autoridades que hasta circulan en sus patrullas junto a ellos, pero que no escatiman esfuerzo ni tiempo para intervenir, denuncia al unísono la ciudadanía. Probablemente la inseguridad sea prioridad en el recorrido.

Esta inacción estatal tiene un reflejo directo en la estadística oficial. En 2024, el trabajo infantil en el Ecuador trepó al 7,01 % en la población de 5 a 14 años. Un escenario alimentado por la extrema precariedad: según reportes de Unicef, el 33,9 % de los menores de edad vive en pobreza por ingresos, 295.000 están fuera del sistema educativo nacional y uno de cada dos niños es maltratado dentro de su propio hogar. Cifras frías que constituyen el caldo de cultivo perfecto para empujarlos a buscar el sustento en el asfalto guayaquileño, perpetuando un ciclo de exclusión.

Las calles como vitrina para el crimen organizado

Aurelio Díaz, director del programa Guayas de Aldeas Infantiles SOS, identifica una grave “naturalización” de este problema en vías altamente transitadas de la urbe, como la Francisco Orellana o la avenida Isidro Ayora, en el norte. 

“Encontramos a niños y adolescentes bailando y la gente para su vehículo para dar dinero. Creemos erróneamente que es arte, que ya es parte del ornato de la ciudad”, lamenta el vocero. También cuestiona frontalmente la deficiente respuesta del Estado frente a la problemática. “El Ministerio (MIES) tiene identificadas cuáles son las zonas expulsoras, pero lo que hacemos es esperar a diciembre con una gran campaña para decir ‘no den dinero’, mientras tanto no hay un Estado responsable que llegue realmente con servicios permanentes a esas comunidades”.

Advierte además sobre el grave peligro de la caridad ciudadana: “Ese dólar que entregas puede terminar en el consumo de sustancias o en manos de un adulto que lidera una red de explotación. Si tienen la voluntad, donen a través de organizaciones, pero nunca en la calle”.

El riesgo inminente para estos menores va más allá la mera explotación económica; hoy los semáforos son la vitrina de captación del crimen organizado. Grace Sánchez, promotora de niñez en World Vision, alerta que las diversas mafias aprovechan la ausencia estatal en periferias para sumar filas. “Hay adultos de grupos delictivos que captan a adolescentes. Como no hay espacios recreativos seguros, los esperan a la salida de las escuelas y los invitan a delinquir”, detalla.

Silencio institucional frente a los nudos críticos

“Hay demasiadas instituciones y nula coordinación. Una Junta Cantonal recibe un caso, pero no tiene conexión directa con la Fiscalía. Existe duplicidad de acciones y un seguimiento insuficiente. Las familias desisten de denunciar por falta de recursos económicos o por miedo”, explica. Solo entre 2023 y principios de 2026, las Juntas Cantonales registraron 4.600 denuncias vinculadas al maltrato infantil. Sin embargo, los “nudos críticos” institucionales diluyen las intervenciones.

Para conocer las cifras oficiales y los protocolos de intervención vigentes ante la presencia de menores vulnerados EXPRESO remitió una solicitud de información al MIES. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la entidad no emitió respuesta.

El impacto de esta negligencia institucional y social resulta irreversible. Maitté Martínez, psicóloga y directora de espacios lúdicos para niños en condiciones vulnerables, explica que un menor que no es acogido por un entorno seguro se transforma inmediatamente en “un objeto de otros, una herramienta más para el consumo”.

"Estas infancias crecen sin jugar, su espacio cognitivo se ve borrado y atado solo a la economía y al disfraz de vender para su propio sustento y el de terceros. Se rompe todo su esquema psíquico, el juego de ser adulto ya no es un juego simbólico sino una dura realidad con graves consecuencias adultas”, detalla la especialista.

La desidia permite que sus etapas primigenias sean amordazadas para sostener financieramente a los adultos o dispuestas para las redes mafiosas. Martínez concluye con una reflexión final que resume el fracaso del sistema ecuatoriano: “Dejo resonando la canción de Mercedes Sosa: ‘A esta hora exactamente hay un niño en la calle’. Léaselo en cualquier hora, día, año; esto no prescribe”.