La Asamblea Ciudadana de La Libertad, las Federaciones de Barrios de Salinas y Santa Elena, las Cámaras de Comercio y Microempresarios, además de las Juntas Cívicas, y los gremios de Producción, entre otras instituciones; mediante un oficio entregado en Carondelet solicitan al Gobierno Nacional que declare en estado de excepción a la provincia de Santa Elena.

En el documento se resaltan los hechos delictivos que a diario ocurren y las 37 muertes violentas registradas entre enero y el 10 de marzo de este año; 32 de ellas al estilo sicariato.

“Esto hay que frenarlo. Si los tres municipios no han hecho mayor cosa por la seguridad, ahora es la sociedad civil organizada la que exige al Gobierno que salve a la península. Queremos volver a ser un sitio de paz”, resaltó Rubén Perero, quien preside la Asamblea local de La Libertad.

Perero señaló que desde el año pasado se pensó en pedir la declaratoria, pero para no confundir la situación política de los comicios, optaron por esperar a que pase el proceso. A decir del dirigente el tiempo sirvió para hacer las cosas bien y fundamentar la solicitud.

Los asesinatos reportados en los últimos días, hizo que las organizaciones civiles retomen el pedido. Ahora están a la espera de que el Presidente de la República, Guillermo Lasso, lo acoja

Por ser Santa Elena una provincia turística, hay ciertos empresarios y comerciantes que se oponen a la solicitud. “En otras provincias en donde se ha declarado el estado de excepción los crímenes no han disminuido. Es una guerra entre bandas que la policía debe descubrir y detener a los cabecillas. Se va afectar el comercio”, declaró el ciudadano Jorge Flores.

“La consigna es primero nuestras vidas, antes que el comercio. Los balnearios seguros son los que atraen más turistas y así ganamos todos. Esperamos que se declare a Santa Elena en estado de excepción”, dijo Carlos Orbe, de la Junta Cívica de Salinas.