Costosa, complicada, daños en el medio ambiente... Son parte del abanico de respuestas que sueltan expertos en políticas públicas, en seguridad, y que pertenecieron a las filas policiales, luego de enterarse del anuncio de la alcaldesa Cynthia Viteri, como si fuera Alcatraz, de entregar en concesión una isla deshabitada de Guayaquil para construir una cárcel. ¿Pero qué tan viable es levantar esta eventual obra, cuánto le costaría a la ciudad y cuánto se desembolsaría en su mantenimiento?

Tomando como referencia que en las cárceles de Latacunga y Turi se invirtieron entre 20 y 40 millones de dólares, se podrían construir hasta 80 unidades de policías comunitarias en Guayaquil, pues, de acuerdo con el general Edmundo Moncayo, exjefe de la Policía de la Zona 8, cada UPC, totalmente equipada, cuesta $ 500.000.

Él recuerda las de tipo 1 pueden estar hasta 16 policías, tipo 2, 24; y las tipo 3 hasta 30, eso sí, dependiendo de la complejidad de la zona.

Sobre la idea del reclusorio en una isla, remarca que dependería del número de PPL que se quiera tener ahí, y advierte que los servicios de energía eléctrica, agua y su edificación elevarían los costos. Sin embargo, razona que el tema de que la seguridad es una cadena. “Si todo el proceso tiene deficiencias, Policía Nacional, quien dirige la investigación, el sistema judicial, la rehabilitación, hasta llegar a cumplir una condena, no hay el factor coercitivo de la ley; no funciona”, resalta.

Enfatiza que en países de Primer Mundo asignan entre 70.000 dólares por cada PPL anualmente; sin embargo, Jorge Villacrés considera que pese a que el gasto en Ecuador es inferior, habrá un notable incremento al ponerse en marcha esta idea. “El gasto diario por cada preso en Ecuador es de $ 12, pero al hacerlo en otro lugar eso podría aumentar a mínimo $ 40. Es demasiado dinero que se podría invertir mejor”, opina el experto en seguridad que añade, lo que considera una mejor propuesta. “Ese dinero invertirlo en mejor seguridad y si se quiere hacer algo para los reos, podría ser mejor una granja penitenciaria donde los PPL (debidamente seleccionados) puedan ser productivos para el país en el campo”, explicó.

Efrén Guerrero, docente universitario y experto en Derechos Humanos y Políticas Públicas, considera que crear un reclusorio en una isla, de la que se desconoce cuál sería, resultaría “complicada y cara de mantener”. El primer paso es hacer una depuración de todos los casos pendientes jurídicamente hablando”, argumenta el académico, al recordar que una familia de un PPL gasta al mes entre $ 120 a $ 140. Dice que el planteamiento de crear cárceles debe ser parte de un proceso más largo, y pone como ejemplo el caso de la Penitenciaría, que cada vez que ocurre algún incidente, se cierran las vías.

“El Municipio tiene un deber de prevención, y en diseño urbano hubo un error que debe haber una responsabilidad, quién dejó que se hagan urbanizaciones en esta zona, esto hay que tener claro”, expresa.

Aunque esta propuesta causó reacciones entre ciudadanos y otros expertos, quienes la tildaron de “populista y demagoga”, para Daniel Pontón, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), no está por fuera de los cabales, pero también reconoce que será costosa.

“La violencia en cárceles y el desbarajuste están relacionados con la violencia en las calles; se justifica en ese punto. Habría que buscar la reubicación, pero no sé si una isla sea lo adecuado. Lo que se invierte en cárceles en Ecuador es poco, y no solo se requiere del mantenimiento de PPL, sino de una serie de inversiones en infraestructura, y prima un sistema corrupto”, concluye.

Ambiente: “Morirán miles de animales”

La idea de construir una cárcel en medio del río es “inviable” para algunos especialistas que piden que se respete el medio ambiente. “Con eso se le quitará el hábitat natural de aves, animales marinos y especies de plantas. Además, habrá mayor derramamiento de combustible con las lanchas que se transportarán a diario. Morirán miles de animales. ”, considera el experto en seguridad y criminalística Jorge Villacrés.

Para el ingeniero Xavier Salgado, presidente de Medio Ambiente Sustentable, hacen falta estudios para incluso proponer un plan de este tipo. “La isla Santay y la Puná llevan tantos años y tienen demasiados problemas, no es algo tan sencillo. Se necesitan estudios de impacto ambiental que avalen la idea”, expresó el especialista, que además considera que esto afectaría al ecosistema equilibrado.