Detenida y con los materiales de construcción dispersos. Así es el escenario en el predio donde se prevé levantar una edificación, en la calle Numa Pompilio Llona (Las Peñas), luego de que un juez de la Unidad Judicial Norte de Violencia Contra la Mujer dio paso a un pedido de medidas cautelares planteado por José Nebot Saadi. En la demanda se resolvió suspender la construcción de la obra que fue autorizada por el Municipio.

Diario EXPRESO recorrió este lunes 28 de noviembre la empedrada vía y constató que dos notificaciones, además de señales de advertencia, se estampan en una puerta de la propiedad.

Una está dirigida a la compañía ArtHoteles Ecuador S.A., propietaria, y la otra al arquitecto Javier Ponce Valverde, responsable técnico de dicha construcción. Sobre este último, José Nebot declaró que es el hermano del titular de la Dirección de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero (Decam) del Cabildo, el también arquitecto Christian Ponce Valverde.

Pero estos no son los únicos documentos que se lucen a la vista. También se observa el registro de la construcción, cuya fecha de emisión es el 19 de enero de 2022. En las características de la edificación se detalla que el área comprende 1.671,28 metros cuadrados, con 3 pisos sobre el bordillo e igual número de pisos bajo el bordillo. El uso es para hospedaje.

En torno al caso, ni el Municipio ni Chistian Ponce, a quien este Diario solicitó una respuesta, se pronunciaron hasta el cierre del artículo. ¿Cuáles son los argumentos por los que se otorgaron permisos en torno a la resolución DECAM-CEUS-AP-2022-0263? ¿Se cumplió con todo lo requerido? ¿Qué acciones tomará el Cabildo? Fueron algunas de las interrogantes que aún no tienen respuestas municipales.

Este Diario revisó la página web de ArtHoteles Ecuador S.A. para obtener un pronunciamiento de esta y, desde el número telefónico, una trabajadora facilitó el contacto de Andrea Vergara, a quien la señaló como la dueña de la compañía, pero hasta el cierre de esta edición, no contestó las llamadas y tampoco respondió el mensaje enviado a su WhatsApp.

José Nebot, por su parte, manifestó que en torno a este caso ya respondió vía Twitter en referencia al primer artículo que registró EXPRESO. “La alcaldesa es la representante legal del Municipio y por eso ha sido citada, el procurador síndico también como abogado del mismo, el único sinvergüenza es el director de control de edificaciones, catastro, avalúos y control minero, arquitecto Christian Ponce Valverde, y su hermano Javier”, publicó en la red social.

En un segundo comentario señala que presentará otras medidas. “... Por haberse coludido contra la ciudad, el barrio Las Peñas y mi persona, motivo por el cual presentaré otro juicio contra ambos hermanos y socios. En cuanto al primero, espero que por salud pública sea cancelado de inmediato por el GAD de la ciudad de Guayaquil”.

Así como lo publicó este Diario, en el Sistema Satje de la Función Judicial, el juez Carlos López ha observado que, luego del análisis realizado, “existe falta (de) protección por parte de la entidad estatal al patrimonio cultural”. “La Constitución de la República en sus artículos 3 numeral 7 y 264 numeral establece claramente que las competencias y facultades de los gobiernos estatales de preservar los patrimonios culturales, quiere decir que el GAD Municipal debió cumplir con los presupuestos legales que establece la Ordenanza para la Restauración, conservación y mejoras del Barrio “Las Peñas”, mas no omitir su cumplimiento”.

Además, observa que “existiría un abuso del poder estatal”. “(...) Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia; abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la protección de los patrimonios culturales y en especial de uno de los patrimonios más visitados y conocidos a nivel Nacional e Internacional como lo es el barrio “Las Peñas””, se lee.

También advierte la posible violación de garantía de seguridad jurídica, estipulados en el artículo 82 de la Carta Magna, por parte del director de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero.