Liberación de presuntos extorsionadores fue rechazada por la Policía Nacional
Cuatro sujetos que fueron capturados con explosivos recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva
La reciente liberación de cuatro individuos, entre ellos dos extranjeros en situación migratoria irregular, ha generado profundo malestar e indignación en la Policía Nacional y en ciudadanos de la provincia de Santa Elena. Los detenidos fueron aprehendidos durante el operativo Apolo 8.
"¿De qué sirve que denuncie si los jueces los sueltan al día siguiente?", reclamó una comerciante del sector La Libertad, visiblemente frustrada al conocer la noticia. El hecho ha reavivado el debate sobre la actuación del sistema judicial frente al avance del crimen organizado.
Durante la operación, los sujetos fueron sorprendidos en posesión de al menos 20 tacos de dinamita, un hallazgo que, según las autoridades, representa un grave riesgo para la seguridad pública. A pesar de esta evidencia, un juez de flagrancia decidió dejarlos en libertad, lo que provocó la reacción inmediata de las autoridades policiales.
El coronel Jorge Hadathy, comandante de Policía, ofreció una rueda de prensa para manifestar su profunda preocupación. “Fueron aprehendidos en el marco de un operativo planificado, y uno de ellos fue identificado gracias a una denuncia ciudadana valiente. Sin embargo, quedaron libres”, lamentó.
Según Hadathy, dos de los detenidos son extranjeros sin documentos y estarían vinculados a estructuras criminales dedicadas a la extorsión y las amenazas. “Este tipo de decisiones judiciales debilitan el trabajo de nuestros uniformados y ponen en riesgo a la ciudadanía”, expresó.
La indignación también se extiende entre los habitantes de la zona, donde crece el temor ante la aparente impunidad. “Nos piden colaborar, denunciar, pero cuando vemos que los delincuentes salen riéndose del juzgado, uno ya no sabe en quién confiar”, comentó otro ciudadano, quien prefirió mantener el anonimato.
Policía presentará queja ante la Judicatura
Hadathy anunció que la Policía Nacional presentará una queja formal ante el Consejo de la Judicatura para que se revise la actuación del juez que conoció la causa. “Es fundamental que todos los actores del sistema de justicia trabajen de forma coordinada. La seguridad ciudadana no puede depender de decisiones aisladas que contradicen la evidencia”, agregó.
Este caso no solo pone en entredicho la eficacia del sistema judicial, sino que también deja en evidencia la necesidad urgente de articular un enfoque más firme y coherente entre las instituciones que enfrentan al crimen organizado.
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