Dicen que la justicia tarda, pero llega. Y de eso dan cuenta extrabajadores del Banco Central del Ecuador (BCE), quienes después de más de una década de procesos judiciales lograron embargar 17 bienes de propiedad de la entidad, en su mayoría ubicados en Guayaquil. Se espera lograr lo mismo con otros situados en Cuenca.

El pasado 5 de mayo de 2023, el juez Carlos Valarezo Serrano, de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, dispuso el embargo de esos bienes inmuebles, entre los que consta la sucursal de la avenida 9 de Octubre, además de otros cuatro situados en el centro de la ciudad.

Asimismo, otros dos en la vía a Daule y la ciudadela Miraflores,así como dos más que están sobre la avenida de las Américas, entre los que se incluyen las instalaciones que utiliza el Archivo Histórico del Guayas.

La magíster Djalma Blum, procuradora judicial de 151 extrabajadores del BCE, 33 de los cuales impulsaron la demanda, explica que los perjudicados fueron liquidados a pocos días o meses de que se acogieran a la jubilación, durante la Presidencia de Rafael Correa. “A estas personas les suprimieron las partidas presupuestarias el 4 de febrero de 2009, bajo un procedimiento ilegal que no respetó la seguridad jurídica y otros procedimientos establecidos en la ley”, explica la profesional, al aclarar que la demanda que presentó a nombre de los extrabajadores fue por la vulneración de la seguridad jurídica, en el proceso de desvinculación.

“Sobre todo, porque los extrabajadores del Banco Central tenían un sistema de jubilación independiente al del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), en donde ellos hacían unas aportaciones bimensuales de sus salarios, aun cuando estábamos en sucre (anterior moneda oficial de Ecuador). Un fondo que se creó en 1968 y casi todos los trabajadores estaban a días o meses de cumplir 20 años de trabajo y se podían jubilar”, sostiene Blum.

Según el historial del proceso colgado en la página web de la Función Judicial, el BCE ha cuestionado la orden judicial, en la que el juez ya dispuso la inmediata inscripción de los bienes embargados hasta la presente fecha, además de remitir la notificación al registrador de la Propiedad del cantón, “a fin de que proceda a tomar nota e inscribir el embargo de los bienes inmuebles detallados en líneas anteriores”, lo que en algunos casos debió efectuarse con el acompañamiento de la fuerza pública.

“Esta ha sido una lucha de David contra Goliat”, expresa uno de los extrabajadores que presentaron la demanda y quien pidió la reserva de su identidad. Según recuerda, la sentencia la ganaron hace dos años en tres instancias, la última de la Corte Constitucional (CC). “Ahora estamos en el proceso de pago”, aclara, al sostener que no buscaban el embargo de los bienes de una entidad a la que, en su caso, sirvió durante 15 años; pero lamentablemente “en un fin de semana botaron a 300 personas del Banco (Central), faltando días para jubilarse”. De ellas, 33 siguieron el juicio, en medio de enfermedades y hasta la muerte de algunos compañeros.

Actualmente, el proceso está en pericias para evaluar los bienes embargados y su posterior remate. Esto, entre las advertencias que ha hecho el juez a abogados del BCE y las multas por incumplir la sentencia, que los perjudicados esperan que no se siga dilatando ni atentando contra sus derechos y el de sus familias.

Postura

El BCE pide al registrador de la Propiedad que se abstenga de incluir los inmuebles incautados

En atención a un cuestionario enviado por EXPRESO, el Banco Central del Ecuador (BCE), sin vocería específica, explicó que los 33 extrabajadores que presentaron la acción de protección en 2019,    fueron desvinculados de la institución el 9 de febrero de 2004 (la abogada de los extrabajadores indicó que fue en 2009) “por (una) supresión de partidas legalmente realizada, en la que incluso se cuenta con un pronunciamiento favorable del procurador general del Estado de la época; y mediante la aplicación indebida del efecto inter comunis se extendió su beneficio a otros 120 extrabajadores, dando un total de 153 accionantes”.

Adicionalmente, añade, la situación de la supresión de partidas ha sido analizada y cuenta con sentencias favorables para el BCE en más de 40 juicios contenciosos administrativos. “En los que incluso constan algunos de los accionantes que fueron beneficiados por la acción de protección, más de 15 años después, lo que se configura como un claro y evidente abuso de las garantías constitucionales, como es el caso de las acciones de protección”.

Sostiene que la acción proviene de un “sorteo fraudulento”, denunciado por el Consejo de la Judicatura, investigado por la Fiscalía General del Estado y auditado por la Contraloría General del Estado recientemente.

En la actualidad el proceso se encuentra en etapa de ejecución, dentro de la cual el juez a cargo del caso “ha tomado varias medidas con el fin de obligar al BCE a que pague el valor dispuesto en el mandamiento de ejecución de la acción de protección, valor que supera los 60 millones de dólares”, señalan.

De igual manera, en relación a la orden de embargo, el BCE asegura que ha presentado en varias ocasiones escritos de revocatoria sobre varias actuaciones judiciales, entre las cuales se encuentran las de inscribir el embargo de varios bienes ubicados en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, el juez no ha atendido ninguna de las situaciones expuestas por el BCE.

Por ello, esto ha sido puesto en conocimiento del registrador de la Propiedad de    Guayaquil, con la finalidad de que se abstenga de realizar el registro de embargos dispuesto por el juez ejecutor, “toda vez que las actuaciones judiciales son arbitrarias y no tienen validez procesal, al existir recursos pendientes por resolver”.

Sin embargo, en providencia del 16 de junio del presente año, el juez resaltó que “la presentación directa de una demanda de acción de incumplimiento o remisión del expediente a petición de parte, no interrumpe el trámite de ejecución de la sentencia ante las judicaturas de primera instancia”.