La recuperación de recursos provenientes del pago de 14’745.297 dólares de indemnización al Estado ecuatoriano por el caso de corrupción Sobornos 2012-2016, está lejos de concretarse.

El martes, el tribunal de ejecución del fallo impuesto por la Corte Nacional de Justicia al expresidente Rafael Correa, su exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas involucradas en los cobros indebidos para destinarlos a los gastos de las campañas electorales correístas, negó el embargo de bienes de Correa, Glas y la exasesora Pamela Martínez.

¿La razón? El tribunal presidido por el juez Wálter Macías explicó que se negó por improcedente el embargo de las propiedades individualizadas respecto de las cuales “no se han adjuntado las certificaciones, de los bienes que se encuentran constituidos en patrimonio familiar, de los bienes que se encuentran embargados y de aquellos que no son propiedad de los ejecutados”.

Ese es el caso de los inmuebles de Correa, Glas y Martínez. Ellos son tres de los 20 sentenciados por el ilícito registrado en la administración de Correa. De los 20 sentenciados por cohecho agravado, hasta diciembre de 2021, solo tres habían cumplido con el pago de parte o la totalidad del monto dispuesto en la sentencia.

A cada uno de 19 condenados como autores y coautores del delito le correspondió pagar 778.000 dólares. Mientras que para la exasesora Laura Terán, al ser declarada cómplice, se le fijó el pago de 368.000 dólares.

La Procuraduría no compartió el criterio de los jueces. En un escrito remitido ayer a la sala de ejecución de la Corte señaló que sí adjuntó el certificado del registrador de la Propiedad de Quito sobre el bien de Correa, por lo que “carece de toda verdad” la justificación del juez que negó el embargo.

Santiago Terán, delegado de la Procuraduría, pidió la acción inmediata sobre la casa del expresidente ubicada en Monteserrín, norte de la capital.

Lo que sí concedió el tribunal fue el embargo de los bienes del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, consistentes en solares en la ciudadela Miramar del cantón Salinas. De Jorge Glas, una cuota de gananciales de la sociedad conyugal sobre un departamento ubicado en la cooperativa Monteserrín de Quito.

El embargo, en el caso de Rafael Córdova, operará sobre dos vehículos, dos tiendas de ropa y un restaurante ubicados en la capital. Del sentenciado Édgar Román, la orden judicial fue para un vehículo Mercedes Benz, una cuota sobre un lote de terreno en Esmeraldas y los derechos y acciones sobre un lote de terreno en Tonchigue de Atacames.

Para el exsecretario de la Administración del correísmo, Vinicio Alvarado, la orden de embargo fue para un vehículo híbrido, la cuota del 50 % de los derechos y acciones de un inmueble en Cumbayá y otro porcentaje similar por derechos y acciones de un terreno en el Quinche.

De la exministra de Transporte, María de Los Ángeles Duarte, el embargo será a un vehículo; a Ramiro Galarza, un inmueble en la calle Calama de la capital. Mientras que de Bolívar Sánchez, el 50 % de derechos y acciones de unas oficinas y un estacionamiento en el edificio Banco de Guayaquil de Quito. Finalmente, de Terán, el 50 % de los derechos de un lote de terreno en Calderón. La sentencia en este caso se ejecutorió en 2020.

Recurso

A trámite la revisión de sentencia

El martes, el tribunal de ejecución de la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016 señaló en una providencia que aceptó a tramite el pedido de revisión que hizo el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera.

Él es uno de los 20 sentenciados por posible cohecho agravado. Además de ese caso, Mera fue investigado por posible tráfico de influencias en un caso derivado del de Sobornos. La investigación involucra a la exfiscal Patricia Morejón.

El detalle

Placa. Una de las medidas dispuestas en el fallo de la Corte fue la colocación de una placa en el Palacio de Carondelet y la capacitación a los sentenciados.