El embargo de 17 bienes de propiedad del Banco Central del Ecuador (BCE) conllevó a un plan para proteger la documentación y todos los fondos que tiene el Archivo Histórico del Guayas, cuyas instalaciones actuales constan en el listado de los inmuebles incautados por orden judicial.

¿Pero qué pasa con las demás dependencias o instituciones públicas que laboran en los demás inmuebles embargados, como por ejemplo en el edificio ubicado en la avenida 9 de Octubre, donde funcionan la Corporación Financiera Nacional (CFN), Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), entre otras de Guayaquil? ¿Qué medidas están adoptando esas instituciones en caso de que los inmuebles pasen a remate y a manos de otro dueño?

Son las inquietudes que EXPRESO trasladó a ambas entidades, para conocer qué planes han previsto y si ya tienen un sitio o instalación para su posible cambio.

La SCVS indica que “está monitoreando el proceso. En caso de que el inmueble donde se encuentran nuestras oficinas, en la ciudad de Guayaquil, sea embargado, recurriremos a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) para que nos asigne un inmueble donde podamos continuar ejerciendo nuestras funciones, y atendiendo adecuadamente a nuestros usuarios”.

La misma inquietud se envió a la CFN, pero hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas.

Las notificaciones de embargo se ejecutaron tras la orden emitida por el juez Carlos Valarezo, de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, dentro de una acción de protección propuesta por 33 extrabajadores del BCE, que benefició a un total de 153 que fueron desvinculados de la entidad en 2004, tras la supresión de sus partidas presupuestarias. Ellos reclaman 69 millones de dólares, como consecuencia de la eliminación del fondo de pensiones que tenían en la entidad, en 2009, durante una de las administraciones presidenciales de Rafael Correa.

Antes de esas notificaciones de embargo, el magistrado había dispuesto como medida precautelar la prohibición de gravar y enajenar bienes (traspaso de dominios) contra un total de 33 propiedades del BCE. Esto, luego de conocer (dentro del expediente) que la entidad bancaria,    perteneciente al Ejecutivo, no había cumplido con el pago adeudado a los extrabajadores, dentro del periodo otorgado y tras una sentencia que fue emitida hace dos años.

A pesar de la disposición judicial, en oficio enviado al despacho por el registrador de la Propiedad de Guayaquil, lo que es mencionado en providencia, se conoció que sobre algunos de esos bienes pesaban otras medidas.

Por ejemplo, sobre uno ubicado en la ciudadela Guayacanes pesa también una orden de embargo por parte del juez de Coactiva de la Corporación Financiera Nacional (CFN), con fecha 21 de enero de 2003.

También, a otros cinco situados en tres edificios del casco comercial y de la avenida 9 de Octubre, y que se refieren al acto de transferencia de dominio al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

Entre ellos se incluye otro bien inmueble ubicado en el solar 15 de la manzana 76 de la calle Carchi, que está registrado como una donación al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Tampoco se pudo embargar otro inmueble ubicado en el piso 10 del edificio Gran Pasaje, valorado en $ 20.225,95, que ya está registrado como embargo del juez de Coactiva de la Municipalidad de Guayaquil; así como una propiedad situada en el solar 11 de la manzana 52 de la calle 1 de Mayo, valorado en $ 886.875,29, pero sobre el cual pesa una declaratoria de utilidad pública ordenada por el Consejo de la Judicatura.

Finalmente, el juez dispuso al Registro de la Propiedad de Guayaquil que proceda a inscribir el embargo de los bienes que no registran impedimento legal alguno.

La magíster Djalma Blum advirtió que son 22 los bienes que ya están inscritos como embargados en la demanda seguida por 151 extrabajadores, a quienes representa.