Tras las agresiones generadas por los agentes metropolitanos en contra de los comerciantes informales en Guayaquil, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) se ofreció ayer a trabajar junto con el Municipio para lograr más eficiencia y evitar precisamente que más actos de este tipo ocurran.

El abogado Hernán Ulloa, consejero principal del CPCCS, puso una acción judicial y denunció el enfrentamiento que hubo entre metropolitanos y vendedores, el pasado domingo.

El escrito presentado a la Fiscalía hace referencia al video que se difundió por redes sociales. Allí se observan más de ocho agentes municipales que son violentos con dos vendedores de fruta: Jorge Borja y Raúl Fernández. Los comerciantes agredidos relataron que de forma constante son víctimas de supuestas exigencias de dinero por parte de algunos metropolitanos para dejarlos trabajar.

En la denuncia también se solicita investigar las supuestas infracciones en su contra, entre ellas lesiones. Entre los casos, dijo Ulloa, existe un reconocimiento médico legal que acredita una incapacidad para laborar de ocho días; tortura; robo, y una supuesta sustracción por la fuerza de 70 dólares y concusión, por los hechos descritos sobre exigencias de dinero para dejarlos laborar.

Borja señaló que tiene 25 años como comerciante y está cansado de luchar con el maltrato de los agentes. Él trabaja más de 12 horas para ganarse unos $ 30 diario.

Por esto, Ulloa pide a la alcaldesa Cynthia Viteri que acepte trabajar con el CPCCS porque se sabe públicamente de la corrupción que hay en las filas de la policía metropolitana. “Es ahora que tenemos que terminar con la corrupción que hay en la entidad y queremos apoyar al Municipio a ello”, dijo Ulloa.

Sobre lo ocurrido, Viteri días atrás aseguró que dispuso una sanción máxima que será articulada con la Dirección de Talento Humano a los agentes involucrados.