La noche del domingo 14 de abril, la Contraloría General del Estado (CGE) difundió una noticia que agitó a la ciudad: predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. De igual manera, la exdirectora de Recursos Humanos y de ocho funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos.

La exdirectora habría contratado a su prima, cuñado y hermanos mientras ejerció como delegada de la máxima autoridad (Viteri) para suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal. Por su parte, la exalcaldesa contrató a los hermanos, la cónyuge y la hija de los miembros del Concejo, afirmó la entidad de control.

Ellos habrían incurrido en la prohibición de nepotismo.

Ahora, los posibles responsables tienen 30 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa.

En torno a este caso, Diario EXPRESO se contactó con algunas figuras claves del Partido Social Cristiano (PSC) para conocer sus reacciones. Hubo quienes atendieron, pero otros no emitieron alguna respuesta.

Uno de los que sí contestaron fue el presidente del partido, Alfredo Serrano, quien indicó que corresponde a las personas mencionadas ejercer su derecho a la defensa, ya que aún es una predeterminación. “Según la ley, existen varias instancias administrativas dentro de la propia Contraloría que deben ser agotadas previo a que una predeterminación quede en firme en el campo administrativo”, acotó.

Serrano concluyó su mensaje diciendo que este es un tema que recién inicia y queda todavía la instancia contenciosa-administrativa.

Jorge Acaiturri, actual asambleísta por Guayas, pero que antes se desempeñó como concejal y gerente general de la Empresa Pública DASE recalcó que “nadie está por encima de la ley”. Que su postura es la misma de siempre, dijo, y subrayó que “nada hecho al margen de la ley está bien hecho”.

Por su parte, Dallyana Passailaigue, también asambleísta de Guayas del PSC, precisó a este Diario que la Contraloría es la institución encargada de cuidar el dinero de los ecuatorianos. “Da seguimiento al uso de fondos por parte de todos los funcionarios públicos, eso incluye a autoridades nacionales y locales. Es claro que nadie está por encima de la ley y este tema deben resolverlo los sancionados en las instancias pertinentes”, recalcó.

EXPRESO, asimismo, se comunicó con personas afines a Jaime Nebot, líder del partido; y de la exalcaldesa Cynthia Viteri, pero hasta el cierre de este artículo no hubo algún pronunciamiento oficial.

Al tratarse de personas vinculadas al Concejo Cantonal (que prevé sesionar hoy), este medio se contactó con las seis ediles que pertenecen a las filas del PSC y que, actualmente, van a las sesiones: Nelly Pullas, Soledad Diab, Ana Fuentes, Úrsula Strenge, Ana Chóez, y Mayra Montaño. De ellas solo respondieron Pullas y Chóez.

La primera se excusó. Adelantó que pidió licencia para atender una calamidad familiar.

Mientras que Chóez puntualizó que siempre ha estado a favor del fortalecimiento institucional de los organismos de control, y que “cada quien debe responder por sus actos”.

“La ciudadanía demanda que, al elegir un representante, este actúe bajo estricto apego a la ley y la ética pública. Lo predeterminado por la Contraloría tiene un proceso; ellos deben mostrar sus pruebas de descargo en un máximo de 30 días”, recordó la edil.

Ella aclaró que todo procedimiento administrativo debe seguir las reglas del debido proceso, “lo cual garantiza el derecho a que estos funcionarios puedan ejercer su defensa frente a las acusaciones derivadas del informe emitido por la CGE”.

Hay que tener en cuenta que, en caso de confirmarse las destituciones, las personas sancionadas no podrán ejercer cargos públicos por dos años y transcurrido ese período no podrán reingresar a trabajar en el Municipio de Guayaquil, se lee en la publicación de la entidad de control.

Ahora bien, ¿qué pasará después de los 30 días? La CGE indicó que luego de que se analicen esos argumentos, se podrá confirmar total o parcialmente las responsabilidades o no confirmarlas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

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