Que se evalúe la pertinencia de empezar las clases en medio de la emergencia sanitaria que sufre el país por la pandemia del coronavirus. Ese es uno de los pedidos del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, como organismo coordinador del Sistema Descentralizado de Protección de Derechos.

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Precisamente, con el fin de proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes, propone a las diferentes autoridades e instancias coordinar interinstitucionalmente acciones concretas a favor de los grupos de atención prioritaria.

Entre ellas, garantizar a través de los mecanismos pertinentes, el acceso y la atención oportuna en los servicios de salud específicos y especializados. Para ello sugiere destinar hospitales que atiendan a este grupo poblacional que no esté contagiado por el COVID-19; y asimismo, una casa de salud exclusiva para tratar a los menores de edad que presenten síntomas o estén confirmados de tener coronavirus, siguiendo protocolos de seguridad para su atención especializada.

Los menores deben recibir la información necesaria para mantener la higiene y los cuidados sanitarios, agrega.

De manera específica, en el tema de educación, el Consejo pide “evaluar la pertinencia del inicio del período escolar 2020-2021 en Guayaquil, debido a las condiciones particulares que ha presentado la ciudad en la actual crisis”, donde se ha concentrado el 70 % de los casos nacionales de COVID-19.

Recuerda que ante la alternativa de las clases virtuales, es evidente que no todos los menores de edad de la ciudad tienen los medios tecnológicos para acceder a las plataformas digitales, lo que podría generar desigualdad en la educación y acentuar diferencias en el aprendizaje; por lo que sugiere el uso de televisión y radio, como también lo ha planteado el Ministerio de Educación.

Respecto a los pagos por las pensiones y matrículas, el Consejo Cantonal insta a que el Ministerio de Educación implemente alternativas para los establecimientos educativos particulares, “ya que al dejarlo a la discrecionalidad de las instituciones educativas se podrían generar abusos”, advierte.

Otro de los pedidos es que se procure hacer una georreferenciación de cada uno de los casos de violencia contra niños y adolescentes, identificados por las diferentes instituciones que se encuentran auxiliando a las familias guayaquileñas en el territorio (MIES, Ministerio de Salud, Secretaría de Gestión de Riesgos, Dinapen, Policía Nacional, Municipio), con el fin de activar la Ruta de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, que está integrada por instituciones públicas y privadas.