Áreas protegidas en Guayaquil
El impacto del Acuerdo Ministerial 0047: ¿una amenaza para el Cerro Azul?
El futuro de Cerro Azul se debate entre la conservación y la extracción pétrea, mientras comunidades alertan sobre falta de claridad en la política estatal

La afectación en los cerros de vía a la costa, entre ellos Cerro Azul, sigue ampliándose sin que se hayan generado acciones claras y efectivas para su control y amortiguamiento del impacto ecológico.
Los puntos claves
- Cerro Azul fue declarado bosque y vegetación protector en marzo, blindando 820 hectáreas de bosque seco tropical.
- Un acuerdo ministerial reciente genera preocupación al permitir explotación regulada de áridos y pétreos bajo ciertos controles.
- Vecinos y organizaciones ambientales denuncian una contradicción entre la protección oficial y la posible actividad minera en el área.
Lo que hace tres meses se celebró como una victoria histórica para el golpeado ecosistema de Guayaquil, hoy se ha convertido en un escenario de incertidumbre y desconfianza. El pasado 6 de marzo, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) firmó la declaratoria de Cerro Azul como Bosque y Vegetación Protector, blindando en papel 820 hectáreas de bosque seco tropical. La medida fue el logro de 27 urbanizaciones de la vía a la costa que, agrupadas en el colectivo Vía a la Costa Progresa, buscaban frenar la voracidad de las canteras y el crecimiento urbano desordenado.
Sin embargo, el entusiasmo duró poco. La publicación en el Registro Oficial del Acuerdo Ministerial Nro. MAE-MAE-2026-0047-AM encendió las alarmas de los vecinos, como ha venido publicando EXPRESO. El documento, según el análisis de especialistas en el tema, abre la puerta a la explotación regulada de áridos y pétreos dentro de este tipo de ecosistemas, sembrando una duda razonable: ¿Se protegió el cerro para salvarlo o para normar su explotación?
La defensa técnica del Ministerio
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente, liderada por Juan Carlos Blum, la postura es pragmática. El Ministerio aclaró que el acuerdo "no elimina la protección" del área ni da luz verde a una destrucción indiscriminada. La explicación oficial se ampara en un vacío legal: a diferencia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) o las zonas intangibles —donde la Constitución prohíbe de forma tajante la minería—, la ley actual sí permite actividades extractivas en bosques protectores bajo control estatal.
En el caso de Cerro Azul, el MAE sostiene que las canteras que operan allí desde el año 2001 no tendrán libre albedrío, sino que deberán someterse a una "cota máxima de explotación". Estos límites, según el Gobierno, se fijarán bajo estrictos criterios de estabilidad geomecánica, seguridad sísmica y protección hidrogeológica, pensando en evitar deslaves y proteger a las urbanizaciones de la vía a la costa.
Una contradicción que indigna a los vecinos
Para quienes viven al pie del cerro y ven a diario el avance de la maquinaria, los argumentos técnicos no son más que un doble discurso. "Pensar en hacer explotación minera en el cerro Azul es como defender los árboles y, al mismo tiempo, exigir que todos tus muebles sean de cedro, caoba y chanul", dijo a EXPRESO Cristóbal Zurita, representante de Vía a la Costa Progresa, quien admite que el acuerdo tomó por sorpresa a la comunidad tras haber trabajado codo a codo con las autoridades en la declaratoria de marzo.
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El temor ciudadano tiene sustento real. Cerro Azul conserva un 86% de su cobertura natural virgen. Es el hogar de monos aulladores, osos perezosos, tigrillos, y árboles nativos como el guayacán y el ceibo. Además, actúa como un regulador térmico clave contra las islas de calor que asfixian a Guayaquil.

Ciudadanos disfrutan de una cascada en el interior del cerro Azul, en el oeste de Guayaquil.
Mónica Cabrera, de la organización Rescate Animal, advierte que el impacto de la minería pétrea no solo destruirá el hábitat de la fauna silvestre, sino que golpeará la calidad de vida de los habitantes. "La naturaleza en Guayaquil está permanentemente bajo ataque", señala, criticando la falta de políticas públicas integrales. En redes sociales, el descontento también sumó voces como la de la exfuncionaria municipal Larissa Marangoni, quien lamentó que en Ecuador se "pisotee" el hábitat natural mientras el mundo avanza hacia una conservación real.
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El fantasma del ceibo y el silencio local
El conflicto actual evoca inevitablemente lo ocurrido a finales de 2022, cuando un emblemático ceibo centenario, atrapado en medio de las canteras de la vía a la costa, terminó viniéndose abajo ante la indignación colectiva. En esta ocasión, las miradas apuntaron no solo al Gobierno central, sino también al Municipio de Guayaquil, cuya inacción y silencio frente al destino de este pulmón urbano han sido duramente criticados por los residentes.
Con los dirigentes comunitarios exigiendo reuniones urgentes con las autoridades de Gobierno para frenar lo que consideran una inminente depredación, el futuro de Cerro Azul pende de un hilo, asegura el residente Alonso Castillo, quien reside en una de las urbanizaciones de vía a la costa. "Queda por ver si los controles técnicos prometidos por el MAE son reales o si el Acuerdo 0047 terminará siendo la vía legal para desmantelar el último gran refugio verde de la ciudad. Yo aún pienso que pasará esto último. Las autoridades, el hombre, son los mayores depredadores de la naturaleza. Guayaquil, si ven a cualquier parte de nuestro alrededor, es cemento: ha perdido vida y la seguirá perdiendo", sentenció Miguel Lavayen, residente.