Caso Goleada: fijan fecha para revisar las medidas contra empresa vinculadas a madre de Álvarez

Las diligencias judiciales dentro del caso Goleada continúan avanzando. Mientras el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez , permanece privado de libertad en la Cárcel de Máxima Seguridad El Encuentro, en el marco de esta investigación por presunto lavado de activos, una nueva diligencia ha sido programada por la justicia ecuatoriana para analizar las medidas cautelares impuestas a una de las compañías relacionadas con su entorno familiar.

¿Para cuándo fue convocada la nueva audiencia?

La audiencia fue convocada para el próximo 19 de junio de 2026, a las 14:00, y se centrará en la revisión de las disposiciones que actualmente pesan sobre una persona natural y una empresa que forman parte de los 28 procesados dentro de este expediente judicial.

Entre los involucrados en esta diligencia constante Gastón Aparicio Loy y la compañía Inmobiliaria Fiorema SA, cuya accionista es Gioconda María Henriques , madre del alcalde guayaquileño.

La decisión fue adoptada por el juez Jairo García , de la Unidad Penal especializada en juzgamiento de delitos vinculados con corrupción y crimen organizado, quien dispuso la realización de medidas de la audiencia para evaluar si las vigentes deben mantenerse, modificarse o levantarse.

¿Qué medidas están vigentes?

Actualmente, Gastón Aparicio Loy cumple medidas sustitutivas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.

En el caso de Inmobiliaria Fiorema SA, la empresa mantiene restricciones sobre uno de sus bienes inmuebles, incluyendo la prohibición de enajenarlo y una medida de incautación dispuesta durante el desarrollo de la investigación.

La defensa de Gioconda Henriques solicitó que estas disposiciones sean revisadas. Según los argumentos expuestos por su abogado, Ramiro García, en la propiedad afectada residen tres menores de edad y una persona adulta mayor que presenta una discapacidad visual del 42 %, situación que, a criterio de la defensa, configura un escenario de especial vulnerabilidad para quienes habitan el inmueble ubicado en Isla Mocolí, en Samborondón.

La teoría fiscal sostiene además que se habrían utilizado empresas constituidas en Panamá para simular obligaciones económicas, registrar gastos inexistentes, omitir ingresos y obtener beneficios financieros indebidos.