Que se identifiquen a los servidores públicos, se los separe y sancione sin que este perjudique los actuales beneficios que le pertenecen a más personas con discapacidad. Que se revisen y establezcan protocolos de calificación para cada tipo de discapacidad.

Esos puntos son parte de las exigencias que hizo la Asociación de Padres y Amigos Defensores del Autismo Guayas, (Apada), al presidente de la República, y se basan sobre los escándalos atribuidos a los funcionarios públicos, incluso asambleístas, que hayan comprado vehículos de alta gama aprovechando los descuentos otorgados por el carnet de discapacidad, emitido por el ministerio de Salud Pública. 

Las peticiones fueron publicadas en la red social de Twitter este jueves 2 de julio y, en la que se detallan además, algunas falencias en la emisión de dicho documento, especialmente a las dificultades que presentan algunas familias en aquella búsqueda. 

Otra de las exigencias es que se transparenten y publiquen de forma inmediata los datos del presupuesto de discapacidad para verificar el buen uso de los recursos para la atención de las necesidades de este grupo vulnerable; y la formación de un centro especializado por cantón para "poder cubrir las necesidades de atención, diagnóstico y tratamiento adecuado de las diferentes discapacidades". 

Sobre esta situación, otras organizaciones sociales expresaron sus peticiones a través de comunicados. Por ejemplo, en uno firmado por la Asociación de Hemipléjicos, Cuadripléjicos y Parapléjicos del Guayas (Asopléjica), Apada, Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, entre otras, se pide que en los procesos de auditoría que se vayan a realizar, deben estar presentes los actores sociales de las distintas asociaciones de grupos vulnerables para dar credibilidad a dichas investigaciones. 

Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, compartió el documento y aseguró que en él también se exigen que ministerio de Salud actualice el registro social de personas que si viven en condición de discapacidad.