Animalistas denuncian que candidata de ADN en Samborondón promueve peleas de gallos
Colectivos de protección de fauna exigen acciones a la Fiscalía y al Municipio tras la difusión de un evento que presuntamente incluyó un sorteo de ganado
Imagen del candidato Niels Olsen, en una actividad proselitista de la candidata Ninoska Calderón.
Organizaciones dedicadas a la protección de los animales exigieron la intervención del Municipio de Samborondón y la Fiscalía General del Estado, tras el rechazo público a un video en el que una candidata a concejal aparece dentro de una gallera promoviendo peleas de aves.
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El suceso involucra a Ninoska Calderón, aspirante rural por la parroquia Tarifa, quien durante sus recorridos proselitistas se promociona junto a Niels Olsen, actual candidato a la alcaldía de Samborondón por la bancada de ADN. En el material audiovisual cuestionado, la postulante manifiesta su intención de ayudar a gestionar los permisos necesarios para la realización de estos eventos clandestinos.
El comunicado difundido detalla que la actividad impulsada por la aspirante choca directamente con las prohibiciones expresas del cantón. Las agrupaciones mostraron su preocupación ante la realización de rifas donde se entregan animales vivos como premio.
La normativa municipal vigente establece limitantes específicas que desautorizan este tipo de proselitismo:
- El artículo 18, numeral 19, de la Ordenanza Sustitutiva prohíbe reproducir, criar, entrenar o utilizar animales para peleas u organizar dichos enfrentamientos.
- El numeral 22 del mismo articulado prohíbe entregar animales en calidad de premio o recompensa.
- El mandato de la consulta popular del 7 de mayo de 2011, donde Samborondón votó "Sí" a la prohibición de espectáculos públicos cuya finalidad sea dar muerte al animal.
Frente a la normalización del sufrimiento animal como mecanismo de entretenimiento electoral, el bloque de organizaciones emitió un exhorto formal dirigido a tres entidades. Las agrupaciones solicitan a la Municipalidad de Samborondón, a Agrocalidad y a la Fiscalía General del Estado que verifiquen los hechos denunciados dentro de sus competencias.
El objetivo del petitorio es que se determinen las responsabilidades legales correspondientes y se aplique la normativa vigente sobre la candidata. La postura del colectivo subraya que el cumplimiento de la ley no puede estar supeditado a los intereses electorales de quienes aspiran a ejercer funciones públicas.
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