Siete militares de Ecuador son llamados a juicio por muerte durante operativo en Manabí
El hecho ocurrió el 18 de mayo de 2026 en la vía a Crucita durante el toque de queda. La jueza ratificó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva

Los siete militares van a juicio por presunta extralimitación en acto de servicio con muerte.
Lo que debes saber
- Siete militares van a juicio por presunta extralimitación en acto de servicio con muerte.
- El hecho ocurrió el 18 de mayo de 2026 en la vía a Crucita durante el toque de queda.
- La jueza ratificó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva para los procesados.
Una Jueza de Garantías Penales dictó auto de llamamiento a juicio contra siete militares en servicio activo por su presunta participación en el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, con resultado de muerte. El hecho se registró la madrugada del 18 de mayo de 2026 en la vía a Crucita, a la altura de La Boca, cuando los uniformados abrieron fuego contra un vehículo cuyos ocupantes habrían intentado evadir un control durante el toque de queda, provocando el fallecimiento de uno de ellos tras acoger el dictamen acusatorio de la Fiscalía General del Estado.
Los hechos en la vía a Crucita durante el toque de queda
El hecho tuvo lugar alrededor de las 03:30 del 18 de mayo de 2026, mientras personal militar ejecutaba labores de inteligencia y patrullajes en el sector de La Boca, en la vía hacia el balneario de Crucita.
De acuerdo con las investigaciones, los uniformados observaron un automotor que se aproximaba e hicieron señales para que detuviera su marcha con el fin de realizar una inspección. El automóvil frenó, pero sus tripulantes habrían intentado eludir la revisión. Ante esto, los uniformados dispararon contra el vehículo y alcanzaron a los ocupantes metros más adelante, lo que causó la muerte instantánea de una persona.
Los acompañantes de la víctima señalaron que se trasladaban a Crucita para continuar celebrando el cumpleaños de uno de los viajeros, en medio del toque de queda que regía en la provincia.
Alerta al ECU 911 y aprehensión de los uniformados
Tras las detonaciones, los miembros de las Fuerzas Armadas abandonaron el sitio. Los ocupantes sobrevivientes se comunicaron con sus familiares, quienes notificaron la emergencia al ECU 911. Agentes de la Policía Nacional acudieron al punto minutos después.
Efectivos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased) realizaron:
- El levantamiento de indicios balísticos en la escena.
- El levantamiento del cadáver de la víctima.
- La recepción de versiones de los testigos presenciales.
Horas más tarde, los siete militares vinculados al procedimiento fueron identificados, aprehendidos y trasladados hasta la Unidad Judicial de Manta para la respectiva audiencia de flagrancia.
Elementos de convicción presentados en la audiencia preparatoria de juicio
Durante la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal de la Unidad Especializada de Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza expuso los indicios recopilados contra los procesados:
- Parte informativo de aprehensión y testimonios de los agentes captores.
- Acta de levantamiento del cadáver e informe de autopsia practicada a la víctima.
- Reconstrucción judicial del lugar de los hechos.
- Peritajes balísticos a las armas de dotación empleadas por los militares.
- Extracción y análisis pericial a los teléfonos celulares de los uniformados.
- Cotejamiento y reconocimiento de grabaciones de cámaras de seguridad del sector.
Situación jurídica de los militares
Al evaluar las pruebas, la magistrada acogió la acusación fiscal y dictó auto de llamamiento a juicio para los siete procesados.
Asimismo, la jueza confirmó la vigencia de las medidas cautelares alternativas: la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse una vez por semana ante la autoridad judicial competente.
La causa se tramita bajo el artículo 293, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Dicha normativa tipifica la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte, infracción que contempla una sanción de siete a diez años de prisión.