Condenaron a dos familiares por obligar a menores a reunir $ 50 diarios en Latacunga

Dos personas fueron condenadas a diez años de prisión por explotar laboralmente a una niña de 6 años y a un adolescente de 12 en Latacunga, provincia de Cotopaxi. Las víctimas eran obligadas a vender productos de manera informal y a pedir dinero en las calles.

Según la investigación, los menores debían entregar $50 diarios para que los adultos les permitieran regresar a sus hogares. Al finalizar cada jornada, tenían que entregarles el dinero recaudado durante las actividades a las que eran sometidos.

Los sentenciados son una mujer, madre de una de las víctimas y tía de la otra, y un hombre, padrastro de uno de los menores. Ambos fueron declarados culpables como autores directos del delito de trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.

La Fiscalía General del Estado informó sobre la condena en un boletín publicado el 12 de octubre de 2026. La decisión se sustentó en las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio

La investigación comenzó con una alerta de la Dinapen

El caso comenzó a investigarse el 29 de julio de 2025, después de que la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de la Zona 3 informara sobre una presunta explotación laboral infantil en distintos puntos de Latacunga.

La alerta identificó actividades en la avenida Unidad Nacional y en las calles Quito y Marqués de Maenza. A partir de esa información, la Fiscalía inició una investigación previa y solicitó las autorizaciones correspondientes para realizar vigilancias y seguimientos.

Estas diligencias permitieron identificar a los dos adultos como las personas que organizaban y controlaban la venta informal y la mendicidad a las que eran sometidas las víctimas.

Los seguimientos también permitieron establecer la relación entre los sentenciados y los menores. La investigación determinó que los adultos mantenían a la niña y al adolescente en una situación de explotación, bajo la exigencia de entregar el dinero obtenido en las calles.

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Los testimonios y las pericias sustentaron la acusación

Durante la audiencia de juicio, la fiscal encargada del caso presentó las pruebas reunidas en la investigación y en la etapa de instrucción fiscal.

Entre los elementos expuestos constaron los testimonios de los agentes investigadores, quienes participaron en las diligencias, y un informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

A estas pruebas se sumaron las valoraciones psicológicas practicadas a las dos víctimas. Las evaluaciones permitieron establecer que la explotación había provocado daño psicológico y afectaciones vinculadas con la vulneración de sus derechos fundamentales.

Las evaluaciones identificaron afectaciones a su desarrollo

Según los resultados de las valoraciones, la situación a la que fueron sometidos los menores afectó su proyecto de vida y sus posibilidades de acceder a la educación y a la atención de salud.

Las evaluaciones también señalaron consecuencias para su desarrollo en un entorno adecuado, libre de riesgos y violencia. Estos hallazgos formaron parte de los elementos presentados para demostrar el impacto de la explotación en las víctimas.

El proceso concluyó con una condena de diez años de prisión para cada uno de los adultos. Según la Fiscalía, el delito por el que fueron juzgados está tipificado en el artículo 105, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, relativo a trabajos forzados u otras formas de explotación laboral