Asamblea aprobó la Ley de Aviación Civil con 88 votos: estos son los principales cambios

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 24 de septiembre de 2026 el proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil con 88 votos a favor y 60 en contra. La propuesta recibió el respaldo de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados independientes. Revolución Ciudadana votó en contra, mientras que el Partido Social Cristiano (PSC) se abstuvo.

El proyecto reúne en un solo cuerpo legal disposiciones de la Ley de Aviación Civil y el Código Aeronáutico, cuyas codificaciones datan de 2007. Sus promotores sostienen que el marco vigente debe actualizarse para responder a cambios en las operaciones aéreas, la tecnología y la organización institucional del sector.

¿Qué cambia en la administración de la aviación civil?

Entre los cambios institucionales consta la eliminación del Consejo Nacional de Aviación Civil. La rectoría de la política aeronáutica pasaría al Ministerio de Infraestructura y Transporte, mientras que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) conservaría su función como autoridad técnica. La propuesta también fortalece las facultades de vigilancia de la DGAC y el régimen de infracciones y sanciones aplicable a los actores del sector.

Otro eje es la regulación de las aeronaves no tripuladas o drones. Según el texto explicado durante el trámite legislativo, los aparatos de 250 gramos o más deberán registrarse ante la autoridad aeronáutica. El objetivo es facilitar su identificación y seguimiento. La legisladora oficialista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, vinculó esta medida con la necesidad de controlar el uso de drones en actividades ilícitas.

La propuesta contempla, además, un régimen de control para estas aeronaves y la posibilidad de incautarlas en casos de flagrancia, conforme a la legislación aplicable. También prevé restricciones de vuelo en zonas sensibles, entre ellas aeropuertos, áreas militares y centros de rehabilitación social.

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Aeropuertos, inversión privada y cielos abiertos

El proyecto abre la posibilidad de delegar la gestión de infraestructura aeroportuaria y atraer inversión privada. Centeno defendió la medida como una vía para aumentar rutas y frecuencias, y afirmó que la participación de empresas no implica vender los aeropuertos ni entregar al sector privado la rectoría y el control estatal. La propuesta también permite que los contratos de delegación vigentes se renegocien de común acuerdo durante los cinco años posteriores a la publicación de la ley, bajo las condiciones previstas en el texto.

Este punto concentró parte de las objeciones en el Pleno. Legisladores de Revolución Ciudadana cuestionaron el alcance de la gestión privada. Desde el PSC, se criticó una disposición que exigiría a los municipios con competencias aeroportuarias suscribir un acuerdo de gestión concurrente con el Gobierno central para continuar prestando el servicio. Se trata de observaciones de la oposición frente al alcance que tendría el proyecto.

La iniciativa incorpora, asimismo, una política de cielos abiertos con la que sus impulsores esperan facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas y aumentar la competencia. También plantea flexibilizar requisitos para operar vuelos nacionales: las compañías podrían estar domiciliadas en Ecuador sin necesidad de constituirse en el país, y sus tripulaciones podrían incluir personal ecuatoriano y extranjero.

Centeno sostuvo que más operadores podrían mejorar la conectividad aérea. Sin embargo, una reducción del precio de los pasajes es una expectativa de los promotores, no un efecto garantizado por la aprobación del proyecto. El siguiente paso del trámite determinará el texto que finalmente entre en vigor.