Amenazas al sistema judicial obligan a desplegar 200 policías en Ecuador

La seguridad en el sistema judicial ecuatoriano será reforzada con la asignación de hasta 200 policías en juzgados, complejos judiciales y otras dependencias del país, en medio de un escenario marcado por amenazas contra funcionarios vinculados a la administración de justicia y la lucha contra el crimen organizado.

La medida surge tras la firma de un convenio entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior, que busca fortalecer la protección de jueces, fiscales, servidores judiciales y usuarios en instalaciones consideradas sensibles por el nivel de riesgo que enfrentan.

Refuerzo en sedes judiciales de alto riesgo

Según lo establecido en el acuerdo, el despliegue policial se realizará de forma priorizada en complejos judiciales, unidades de base, la Corte Nacional de Justicia y otras dependencias que requieran seguridad adicional. 

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La asignación de personal dependerá de informes de riesgo y de la capacidad operativa de la Policía Nacional.

La decisión refleja la creciente preocupación de las autoridades por la exposición de jueces y operadores de justicia que conocen procesos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión y otros delitos de alto impacto.

Amenazas recientes encendieron las alertas

El fortalecimiento de la seguridad ocurre pocas semanas después de un hecho que elevó las alertas en el sistema judicial. 

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El 24 de junio, las autoridades confirmaron el hallazgo de un artefacto explosivo en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito, acompañado de mensajes amenazantes. El dispositivo fue desactivado por la Policía antes de que causara daños.

Ese incidente reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan jueces, fiscales y funcionarios judiciales en un contexto en el que las estructuras criminales han aumentado su capacidad de intimidación contra instituciones del Estado.

Convenio tendrá vigencia de tres años

El acuerdo interinstitucional tendrá una duración inicial de tres años e incorpora evaluaciones semestrales para medir la efectividad de las medidas implementadas. Estos análisis permitirán ajustar el número de agentes asignados en función de las amenazas identificadas en cada territorio.

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Las autoridades prevén que el esquema de protección contribuya a garantizar la continuidad de las actividades judiciales y a reducir los riesgos de seguridad en instalaciones donde se tramitan casos de alta complejidad.

La decisión de incrementar la presencia policial en dependencias judiciales se produce en un momento en que Ecuador mantiene una estrategia de fortalecimiento institucional frente a organizaciones criminales que han extendido su influencia en distintas regiones del país.