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Diario Expreso Ecuador

denuncia comunidad amazónica

Alianza por los Derechos Humanos alerta sobre intimidación a comuneros ligada a minería ilegal

La alerta se levantó por una denuncia hecha por integrantes de la comunidadA'i Cofán de Sinangoe. Piden acciones a la Policía y Fiscalía General

Imagen referencial. La minería ilegal en Sucumbíos ha originado operativos de las Fuerzas Armadas.

Imagen referencial. La minería ilegal en Sucumbíos ha originado operativos de las Fuerzas Armadas.ARCHIVO.

Daniel Alejandro Romero Páez

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La Alianza por los Derechos Humanos emitió una alerta sobre ataques contra miembros de la comunidad A'i Cofán de Sinangoe, presuntamente perpetrados por personas vinculadas a la minería ilegal en la provincia de Sucumbíos. 

“Emitimos una alerta urgente sobre la grave situación que enfrentan en estos momentos agravada por la ausencia de una respuesta estatal efectiva”, señaló la organización.

La Alianza recibió información sobre agresiones e intimidaciones contra la comunidad, particularmente contra el Consejo de Gobierno, su presidenta, Alexandra Narváez, y los integrantes de la denominada guardia indígena.

La organización de derechos humanos consideró que estos actos estarían relacionados con represalias “por el ejercicio de sus derechos colectivos de autodeterminación y control territorial frente a actividades de minería ilegal”.

La denuncia señala los siguientes hechos:

  • Agresiones físicas contra comuneros.
  • Presencia de civiles armados.
  • Advertencias sobre posibles ataques contra las autoridades comunitarias.

¿Qué originó la alerta?

Según el comunicado de la Alianza por los Derechos Humanos, la comunidad alertó sobre la situación el pasado 9 de octubre de 2026, después de un recorrido realizado por 50 integrantes de Sinangoe.

“Durante esta actividad identificaron campamentos vinculados con la minería ilegal, sin personas presentes, y maquinaria y equipos, entre ellos motores y mangueras, que fueron incinerados por decisión de la Asamblea Comunitaria”, reseñó la organización de derechos humanos.

Posteriormente, el 11 de octubre de 2026, dos personas vestidas de civil y portando armas de fuego acudieron al domicilio de un comunero para exigir la devolución de los motores. “Pese a que se les informó que habían sido incinerados, insistieron en su exigencia antes de retirarse y advirtieron que iban a regresar”, se lee en el comunicado.

Otro presunto acto de intimidación habría ocurrido durante la tarde del mismo 11 de octubre. Tres personas se acercaron a otro punto de la comunidad para presentar un reclamo. Según el reporte de la Alianza, uno de los comuneros fue agredido físicamente y recibió un fuerte golpe en la cabeza.

¿Qué piden los comuneros?

Los integrantes de la comunidad solicitaron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adopten de manera inmediata medidas efectivas de prevención y protección para el Consejo de Gobierno.

También pidieron a la Fiscalía General del Estado que investigue las agresiones, intimidaciones y amenazas reportadas.

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