SRI dice que ha devuelto $ 184 millones de IVA, pero ciudadanos denuncian que los retrasos continúan

El Gobierno Nacional informó que acreditó 184,6 millones de dólares por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y personas con discapacidad durante los primeros seis meses de 2026.

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La cifra, gestionada a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), representa un incremento del 10,2 % respecto al mismo período de 2025, cuando se devolvieron 167 millones de dólares.

Según la entidad, estos recursos reflejan el compromiso estatal con la protección de los grupos de atención prioritaria y la garantía de sus derechos económicos.

¿Significa que ya no existen atrasos?

Aunque el monto devuelto muestra un aumento frente al año anterior, beneficiarios consultados por Diario EXPRESO aseguran que la realidad todavía está marcada por demoras en los desembolsos.

Harry Valarezo, representante de los jubilados del magisterio en Guayas, sostiene que muchos adultos mayores continúan esperando la devolución correspondiente a varios meses.

"Han devuelto hasta diciembre de 2025 en algunos casos, pero lo correspondiente a 2026 todavía no llega. Ya estamos en el sexto mes del año y los retrasos continúan", afirmó Valarezo.

Según explicó, los plazos efectivos para recibir el dinero son mucho mayores a los establecidos formalmente.

Esperas que pueden llegar a seis meses

Valarezo señala que, aunque la normativa establece períodos de revisión de dos meses para adultos mayores y tres meses para personas con discapacidad, en la práctica los beneficiarios deben esperar mucho más.

"Primero revisan y aprueban la solicitud, pero luego hay que esperar varios meses adicionales para que se haga efectivo el pago. En muchos casos terminan siendo cerca de seis meses de espera", indicó.

Por ello, considera que el monto anunciado por el Gobierno no significa necesariamente que todas las devoluciones pendientes hayan sido canceladas.

Casos pendientes desde 2025

Entre los testimonios recogidos figura el de Gina Zevallos, quien asegura que no ha recibido devoluciones correspondientes desde agosto de 2025.

La adulta mayor acostumbra presentar sus solicitudes cada seis meses y afirma que, pese al tiempo transcurrido, aún no recibe valores que considera pendientes.

Situaciones similares, según representantes de jubilados, se repiten en distintas provincias del país.

La disputa llegó a los tribunales

La inconformidad por los retrasos también ha llegado a la justicia.

Valarezo recordó que adultos mayores presentaron una acción de protección en septiembre de 2025. En primera instancia, la demanda fue negada por una jueza en diciembre de ese mismo año.

Posteriormente se presentó una apelación ante el Tribunal de la Corte Provincial del Guayas, que hasta ahora no ha convocado a la audiencia correspondiente, según los demandantes.

En paralelo, un proceso similar impulsado en Pichincha también enfrenta recursos judiciales. Los dirigentes anticipan que, de ser necesario, acudirán a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección.

Lo que dice el SRI

Por su parte, el Servicio de Rentas Internas insiste en que la normativa relacionada con la devolución del IVA no ha sido modificada.

La entidad explica que para 2026 el monto máximo mensual de devolución para los adultos mayores es de 144,60 de dólares. En el caso de las personas con discapacidad, el valor depende del porcentaje de discapacidad reconocido oficialmente.

Además, recuerda que el beneficio aplica únicamente para bienes y servicios de primera necesidad destinados al uso personal de los beneficiarios, como alimentación, salud, vivienda, educación y vestimenta, siempre que las compras estén respaldadas por facturas electrónicas válidas.

El reto de acelerar los pagos

Mientras el Gobierno destaca el aumento de recursos destinados a este beneficio, los adultos mayores sostienen que el principal problema sigue siendo la velocidad con la que se procesan y pagan las solicitudes.

La diferencia entre las cifras oficiales y la experiencia de muchos beneficiarios mantiene abierto un debate que combina derechos sociales, disponibilidad presupuestaria y eficiencia administrativa.

Para miles de adultos mayores y personas con discapacidad, la pregunta sigue siendo la misma: no cuánto dinero se ha devuelto en total, sino cuándo llegará efectivamente la devolución que aún esperan recibir.