Reformas a la Ley de Inquilinato: especialistas buscan que el pago de garantía quede establecido

En abril de este año, el Pleno de la Asamblea Nacional realizó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Inquilinato, vigente desde 1960. Durante la sesión, los legisladores plantearon observaciones sobre desalojos, mediación, garantías y contratos que necesitaban más claridad o cambios en la normativa, con el objetivo de no perjudicar ni al propietario del inmueble ni a los arrendatarios.

Al finalizar, el presidente de la Asamblea dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia para elaborar el informe para segundo debate y desde el mes de junio también han comparecido especialistas en derecho inmobiliario, académicos y representantes del sector para presentar sus observaciones técnicas.

La iniciativa que ya superó el primer debate en abril no consistía en un solo proyecto nuevo, sino en la unificación de varias propuestas legislativas presentadas desde 2019.

¿Qué se ha venido proponiendo?

Entre los cambios principales que se impulsan está el reconocimiento expreso en la normativa que los contratos pueden celebrarse de forma escrita o verbal, estableciendo reglas más claras para ambas modalidades. Actualmente la ley sí reconoce esas dos vías de negociación, pero en la práctica siempre prevalece la escrita.

Además, se busca regular mejor las garantías o depósitos, incluyendo propuestas para fijar plazos para su devolución, aunque la ley vigente no obliga al arrendatario a pagar una garantía o al propietario exigir un depósito. No obstante, la garantía siempre ha sido uno de los requisitos principales en Ecuador para poder alquilar un inmueble y de acuerdo a los impulsores del proyecto, la entrega de dinero como garantía es necesario para reparar daños.

Otros cambios que se impulsan

Entre otros cambios que se impulsan está el fortalecimiento de las obligaciones de propietarios e inquilinos respecto al mantenimiento del inmueble, reparaciones y responsabilidades por daños; modernizar el registro de contratos para brindar mayor seguridad jurídica; incorporar la mediación como mecanismo para resolver conflictos antes de acudir a juicio y que ésta tenga límites de tiempo y sanciones para evitar que sea utilizada únicamente para retrasar procesos judiciales; actualizar la ley para armonizarla con el Código Orgánico General de Procesos, eliminando referencias al antiguo Código de Procedimiento Civil y regular el alquiler de vivienda de corta y mediana duración.

Entre los expertos que han intervenido con propuestas técnicas están Francisco Paredes, especialista en derecho internacional, y Juan Arévalo, profesional en Derecho de la Empresa.

Una vez que el informe para el segundo debate esté listo, el Pleno convocará al segundo debate para analizar y aprobar o no los cambios.