La nueva tasa de EE.UU. recae sobre el 41 % de las exportaciones

El nuevo arancel que EE.UU. impuso a Ecuador, por trabajo forzoso, recae sobre aproximadamente el 41 % de la oferta exportable que va a ese mercado. Así lo indicó a Diario EXPRESO el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, durante el foro USA Trade Connect 2026, que comenzó ayer en el hotel Hilton Colón de Guayaquil.

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Según Jaramillo, es poco probable que este escenario cambie en el corto plazo, criterio que también comparte José Félix Díaz, exmiembro de la Cámara de Representantes del estado de Florida.

Díaz reconoció que, independientemente del mecanismo legal que sustente la medida, se trata de un arancel, que encarecerá la oferta local en ese mercado. “No hay ninguna duda de que son aranceles”, afirmó.

Explicó que la administración del presidente Donald Trump considera que el incremento de las tarifas a las importaciones es una herramienta para incentivar el retorno de empleos manufactureros a Estados Unidos, especialmente en un contexto en el que la inteligencia artificial reducirá la demanda de mano de obra.

“Trump está tratando de manejar esa situación lo mejor posible, pero otorgando descuentos o exclusiones a los países amigos”, señaló.

La investigación del trabajo forzoso

El ministro precisó que Ecuador continúa respondiendo a una investigación relacionada con la prevención del trabajo forzado, mientras revisa el listado definitivo de productos que quedarían exentos del arancel. Aclaró que el proceso no está vinculado con las exportaciones ecuatorianas, sino con las importaciones que realiza el país desde terceros mercados.

Explicó que el Acuerdo sobre Comercio e Inversión (ART) establece el compromiso de Ecuador de impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzado. Además, el convenio dispone que Estados Unidos debe compartir información e inteligencia sobre posibles casos para fortalecer los controles nacionales.

“No se trata de lo que Ecuador exporta, sino de garantizar que las empresas a las que les compramos no utilicen trabajo forzado”, puntualizó.

Añadió que Ecuador ya cuenta con legislación sobre esta materia y recordó que, semanas atrás, una delegación nacional se reunió con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para explicar las acciones emprendidas por el país y reiterar que dispone de un plazo de un año para fortalecer los mecanismos de control.

Aunque reconoció que será difícil conseguir una reducción del arancel del 10 %, el ministro considera que el resultado obtenido hasta ahora es menos negativo de lo previsto inicialmente.

“Quedamos igual y hasta un poco mejor, porque identificamos productos adicionales que ingresarían con arancel cero”, afirmó.

A su juicio, estas medidas forman parte de la estrategia de Estados Unidos para proteger su economía y reducir su déficit comercial, por lo que Ecuador deberá continuar defendiendo su posición en las investigaciones y negociaciones en curso.

El diálogo con EE. UU. continuará

Sobre las investigaciones relacionadas con el trabajo forzado, José Félix Díaz aclaró que estas están más vinculadas con los países que enfrentan aranceles del 12,5 %, mientras que el caso ecuatoriano también responde a otros factores de la política comercial de Washington.

Añadió que parte del análisis estadounidense considera las relaciones comerciales que algunos países mantienen con China, un aspecto que continúa en discusión.

El excongresista estimó que las conversaciones entre Washington y Quito continuarán durante los próximos meses y no descartó nuevos cambios en la política arancelaria.

“Los próximos dos o tres meses serán muy importantes para ver hasta dónde llega esa conversación”, manifestó.

Asimismo, recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos ya ha dejado sin efecto algunas disposiciones arancelarias en el pasado, por lo que considera que ese escenario podría repetirse.

Díaz concluyó que Ecuador debe aprovechar su condición de socio estratégico para mantener el diálogo con las autoridades estadounidenses y buscar mejores condiciones de acceso para su oferta exportable.

Competitividad, el reto

Por su parte, la presidenta del directorio de AmCham Guayaquil, Nery Merejildo, señaló que el USA Trade Connect 2026 busca fortalecer la competitividad del país mediante el intercambio de conocimientos entre empresarios nacionales e internacionales.

Sobre el arancel del 10 %, indicó que, aunque representa un desafío, Ecuador recibió una de las tasas más bajas dentro del nuevo esquema aplicado por Estados Unidos, por lo que llamó al sector privado a mantener la confianza y seguir impulsando los negocios.

El presidente ejecutivo de Corpei, Eduardo Egas, coincidió en que el comercio mundial atraviesa una etapa de cambios acelerados y sostuvo que la estrategia del Ecuador debe centrarse en aprovechar los acuerdos comerciales para posicionarse mejor frente a sus competidores.

Como ejemplo, mencionó que, mientras el camarón ecuatoriano enfrenta un arancel del 10 %, competidores como Vietnam y Tailandia pagan una tarifa del 12,5 %, lo que representa una ventaja relativa para la oferta nacional.

“Un acuerdo comercial abre oportunidades, pero es el sector privado el que debe convertirlas en negocios”, concluyó.

En la misma línea, el subsecretario de Políticas Comerciales, León Roldós Icaza, sostuvo que la estrategia del país debe enfocarse en construir una economía más competitiva y preparada para integrarse a las cadenas globales de valor.

Explicó que la relación con Estados Unidos ya no puede limitarse a negociar reducciones arancelarias, sino que exige modernizar la producción nacional, fortalecer la logística, agilizar los procesos aduaneros y ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

“Debemos entender que esta relación no puede depender únicamente de preferencias arancelarias. Ecuador tiene que producir mejor, ser más competitivo y colocar productos con mayor valor agregado en el mercado internacional”, afirmó.

Roldós agregó que el Gobierno trabaja junto con la Universidad de Harvard y la CAF en una agenda de competitividad con horizonte al 2040, cuyo objetivo es identificar las principales barreras que enfrentan los sectores productivos y plantear soluciones de mediano y largo plazo.

Entre los problemas detectados figuran la excesiva tramitología, los obstáculos regulatorios, las deficiencias logísticas y las limitaciones en los procesos de exportación.

Según el funcionario, también se busca implementar medidas de rápida ejecución que permitan mejorar la competitividad mientras avanzan las reformas estructurales.