Gobierno prepara veto parcial a reforma tributaria para limitar multas por activos no declarados

El Gobierno prepara un veto parcial a la reforma tributaria aprobada por la Asamblea Nacional, con el propósito de ajustar el monto máximo de las multas relacionadas con la falta de declaración de activos en el exterior.

TE INVITO A LEER: Reforma al Código Tributario cambia reglas a contribuyentes

Así lo anunció José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, durante una entrevista en Democracia TV, en la que participó junto con Alexandra Navarrete, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Neira explicó que la reforma busca fortalecer dos principios: la transparencia y la equidad tributaria. Según el funcionario, el sistema actual permite que algunos contribuyentes prefieran pagar una multa antes que reportar la totalidad de sus activos en el extranjero.

La intención del Ejecutivo, sostuvo, es proporcionar al SRI herramientas para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar que las sanciones se conviertan en un costo menor frente a la decisión de ocultar información patrimonial.

El veto parcial, de acuerdo con Neira, estará dirigido al monto máximo de la sanción prevista en la reforma. El funcionario aclaró que la discusión se refiere a la falta de reporte de activos en el exterior mediante la declaración patrimonial, y no a la omisión de presentar esa declaración.

La multa por activos ocultos podría bajar

Alexandra Navarrete explicó que la reforma aprobada plantea modificar la sanción por no reportar activos en el exterior cuando el contribuyente ha presentado su declaración patrimonial, ya sea de forma completa o parcial.

La normativa vigente contempla una sanción de hasta el 10 % del total de los activos en el exterior, según la explicación de la directora del SRI. La reforma, en cambio, establece una multa del 0,5 % sobre los activos que no se hayan reportado.

Para ilustrar la diferencia, Navarrete utilizó el ejemplo de un contribuyente con activos en el exterior por $20 millones que no fueron declarados.

Con la regla actual, una sanción equivalente al 10 % alcanzaría los $2 millones. Con la reforma, una multa del 0,5 % sobre esa misma base sería de $100.000.

La funcionaria sostuvo que la modificación busca que las sanciones sean proporcionales, conforme al principio establecido en el artículo 76, numeral 6, de la Constitución.

Sin embargo, el Ejecutivo plantea introducir un límite máximo para la multa, pues considera necesario ajustar el monto contemplado en el texto aprobado por la Asamblea.

Más de 16.000 contribuyentes constan como omisos

La directora del SRI informó que para 2026 existen 95.413 contribuyentes obligados a presentar la declaración patrimonial y que 16.337 constan como omisos.

Navarrete explicó que no todos estos casos corresponden a activos no declarados en el extranjero. La mayoría estaría relacionada con la falta de presentación de la declaración patrimonial de bienes en Ecuador, cuya omisión se sanciona bajo las disposiciones sobre contravenciones del Código Tributario.

La diferencia es relevante para la administración tributaria: el SRI puede acceder a información sobre bienes y activos ubicados en el país mediante registros y otras fuentes institucionales, mientras que la identificación de patrimonio en el exterior requiere mecanismos adicionales de control.

La funcionaria señaló que alrededor de 81 a 85 contribuyentes habrían optado por pagar la multa por no reportar activos en el extranjero, en lugar de cumplir con la obligación de informar.

El objetivo de la reforma es evitar que esta conducta se mantenga y que la sanción económica termine siendo una alternativa conveniente para quienes incumplen sus obligaciones.

Prevenir el lavado de activos

Neira sostuvo que contar con información patrimonial completa no solo permite mejorar la recaudación tributaria, sino también fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.

Según el funcionario, el intercambio y el uso de información entre las entidades competentes pueden ayudar a detectar inconsistencias patrimoniales, identificar posibles irregularidades y proteger la economía lícita.

Navarrete añadió que los controles tributarios permitirán determinar los casos en los que corresponda aplicar sanciones o iniciar procedimientos por incremento patrimonial no justificado.

Los resultados de estos procesos, precisó, se conocerán en el siguiente ejercicio fiscal, una vez que avance la aplicación de los mecanismos de control.

La reforma también incluye incentivos

Neira destacó que la ley aprobada por la Asamblea contiene otras disposiciones destinadas a impulsar la inversión privada en generación eléctrica.

Entre ellas mencionó incentivos tributarios para las importaciones de bienes destinados a proyectos de generación, con IVA e impuesto a la salida de divisas (ISD) en tarifa cero, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

El secretario indicó que estas medidas se trabajaron a partir de conversaciones con representantes del sector industrial y que buscan facilitar nuevas inversiones para aumentar la capacidad de generación eléctrica del país.

La reforma también modifica los plazos para resolver determinados procedimientos tributarios. Sobre este punto, Navarrete explicó que el SRI tenía cerca de 4.000 recursos de revisión pendientes cuando asumió el cargo y que el volumen se había reducido a unos 3.000, correspondientes al período 2023-2026.

La funcionaria señaló que la entidad ha priorizado la atención de los expedientes más antiguos y explicó que la reforma contempla un plazo de 180 días, con consecuencias distintas según el tipo de procedimiento y si se trata de recursos antiguos o nuevos.