¿Cómo evitar perder su vehículo por deudas?

Cada año, más ecuatorianos compran vehículos, según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), que reflejó que de enero a mayo de este año se comercializaron en el país 63.773 carros, lo que representó un incremento del 40,9 % frente al mismo periodo del 2025, cuando se vendieron 45.272 unidades.

No obstante, existe un problema silente que afecta a miles de personas en el proceso de compra y que corta la ilusión de tener carro propio a mitad del camino: el embargo de vehículos por el impago de la deuda.

De acuerdo con cifras del estudio jurídico especializado en deuda Defensa Deudores entre enero de 2023 y febrero de 2026 se han registrado 53.351 procesos judiciales relacionados con embargos de vehículos, que surgieron por el incumplimiento de créditos automotrices garantizados con prenda o reserva de dominio.

Del total, el 47,6% de estos procesos se concentra en la provincia del Guayas, mientras que el 18,05% está en Pichincha.

¿Cuándo puede ocurrir un embargo de carro?

El embargo del carro es posible cuando el deudor del vehículo mantiene deudas impagas por tarjetas de crédito, con casas comerciales o préstamos de consumo, ya que el acreedor, es decir, la empresa a la que le debe, puede iniciar acciones legales para cobrar la obligación. Y si existe una orden de autoridad competente, el vehículo puede ser embargado como parte de los bienes del deudor para cubrir el monto adeudado.

“Muchas personas creen que primero deben ser notificadas para que se ordene un embargo, pero en procesos ejecutivos por cobro de un pagaré, esta medida puede disponerse incluso antes de la citación con la demanda. No obstante, si el vehículo tiene una prenda vigente a favor de otro acreedor, el embargo podría revocarse”, explica César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador y especialista en deudas.

Las consecuencias de incumplir el crédito automotriz

En Ecuador, la gran mayoría de vehículos vendidos dependen de algún tipo de financiamiento, según Aeade, como créditos vehiculares otorgados por bancos, cooperativas y otras entidades financieras, complementados por financiamiento directo de concesionarios, tarjetas de crédito y planes de compra programada.

Incumplir con la deuda bancaria automotriz también puede generar varias consecuencias como intereses de mora y otros cargos contractuales, reportes negativos en el historial crediticio, gestiones de cobranza extrajudicial, demandas judiciales o procedimientos de coactiva, ejecución de la garantía y retiro del vehículo y remate del bien para cubrir la obligación, explica el abogado.

“El acreedor está respaldado por una prenda o una reserva de dominio, por lo que el incumplimiento de pago puede dar paso a la ejecución de la garantía y al retiro del bien. La diferencia es que, en un caso, el vehículo forma parte del patrimonio del deudor y puede ser embargado para pagar una obligación. En el otro, el propio vehículo es la garantía del crédito con el que fue adquirido”, advierte Coronel.

¿Qué hacer ante este escenario?

El especialista indica que existe una alternativa poco conocida para proteger el carro del embargo: la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos contempla una protección especial para determinados deudores de créditos automotrices.

Coronel explica que esta norma permite extinguir totalmente la deuda mediante la entrega del vehículo o la ejecución de la garantía, cuando se cumplen las siguientes condiciones:

“Esta es una norma poco conocida que evita que una persona continúe endeudada después de perder o devolver el vehículo que garantizaba el crédito. Su objetivo es impedir que el problema financiero se extienda al resto del patrimonio familiar”, afirma Coronel.

El abogado Coronel agrega que esta protección también opera cuando el acreedor ejecuta la garantía y retira el vehículo, siempre que el crédito cumpla las condiciones previstas en la ley.

Otras recomendaciones

Entre otras recomendaciones para evitar un embargo de vehículo, el experto llama a los deudores a revisar las condiciones de su contrato para determinar si existe prenda, reserva de dominio u otra garantía asociada al financiamiento.