Campo Sacha: los frentes que frenan la concesión petrolera en Ecuador

La eventual entrega a capital privado del campo Sacha, el mayor productor de petróleo de Ecuador, enfrenta cuestionamientos. El 22 de septiembre de 2026, el presidente Daniel Noboa informó que empresas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) estaban interesadas en invertir en el yacimiento, pero el mecanismo para concretar esa participación aún no ha sido precisado públicamente.

El 3 de octubre, Jorge Abraham Elías Cáceres, en representación del Frente de Defensa Petrolero e integrante del colectivo Guardianes del Campo Sacha, envió una carta al presidente Noboa para solicitar información sobre el proceso.

En el documento, sostiene que, según publicaciones de medios de comunicación, el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Energía y en coordinación con EP Petroecuador, estaría preparando un proceso reservado para adjudicar la operación del campo. El colectivo afirma que no se ha especificado la modalidad de adjudicación ni la figura contractual que se utilizaría.

Esto pide Frente de Defensa Petrolero sobre Sacha

Los peticionarios solicitan al Ejecutivo una copia del plan o proyecto actualizado que contemple la adjudicación de Sacha, bajo cualquier modalidad contractual o figura jurídica, a empresas petroleras o de servicios, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que participen de manera individual o mediante consorcios.

También reclaman una certificación que detalle las ofertas, cartas de intención o manifestaciones de interés presentadas durante los seis meses anteriores por compañías interesadas en operar o invertir en el campo.

La petición incluye además la entrega de los documentos que establezcan el mecanismo de selección y adjudicación, así como el cronograma previsto para el proceso, la eventual firma del contrato y su ejecución.

El pedido abre otro frente de discusión en torno a Sacha: la transparencia de un eventual proceso de incorporación de capital privado en un activo estratégico para las finanzas públicas.

Por ahora, el Gobierno ha confirmado el interés de empresas extranjeras, pero el modelo contractual y el procedimiento para su eventual participación siguen siendo asuntos centrales del debate.