Bengalas, petardos, una bomba de humo y dos banderas gigantes. Una parte de la hinchada de Emelec usó estos elementos en el estadio Nueve de Mayo de Machala, el domingo 5 de marzo. Por eso, el Comité disciplinario de la LigraPro le aplicó al club una multa de $ 32.800, mientras que a Barcelona sancionaron con $ 13.820, entre otras cosas, por mensajes ofensivos y un control de seguridad deficiente.

Estas sanciones tienen como base el Reglamento de Competiciones de la LigaPro. La normativa busca evitar riesgos contra el público que va a los estadios. Además, desde 2019 está vigente en Ecuador la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte.

La pena privativa de libertad de uno a diez días, una multa del 25% del salario básico unificado y “prohibición de ingreso a todo escenario deportivo hasta un año” están establecidos en la normativa contra estos artefactos.

En sus redes sociales, el equipo azul exhibió una foto anónima y la frase: “Este hincha ha incumplido las disposiciones del Club Sport Emelec, LigaPro y del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que queda permanentemente impedido de ingresar al estadio”.

En el Capwell ya no se vieron bengalas durante el partido del jueves 9 de marzo, contra Deportivo Cuenca, por la Copa Sudamericana. Pero esta especie de ‘autorregulación’ no siempre basta para prevenir la violencia que, a veces, sucede fuera de los estadios.

Para el partido El Nacional-Liga que se jugaría este fin de semana, luego de la postergación de la tercera fecha, ya suenan cánticos de “guerra” entre hinchadas.

“Si prestan la cancha hay guerra”, publicaron a mediados de febrero miembros de la Muerte Blanca en redes sociales.

La barra organizada de Liga Deportiva Universitaria (LDU) se oponía al alquiler del estadio Rodrigo Paz Delgado para que El Nacional jugara ahí su tercer partido del año por Copa Libertadores, frente al Deportivo Independiente de Medellín (DIM), el miércoles 22 de febrero.

El origen de esa oposición es el caso del hincha Anthony Muñoz, asesinado el sábado 7 de enero de 2023 en Atucucho, al norte de Quito. Hecho por el cual a Francisco Rivera Jiménez, hincha de El Nacional, se le dictó prisión preventiva.

La presidenta del club militar, Lucía Vallecilla, declaró en una entrevista radial que buscará mediar entre las hinchadas. “No es un tema de guerra, es un tema de fútbol que nos debe unir”, precisó.

EXPRESO consultó al dirigente de LDU, Esteban Paz, sobre sus planes de establecer mediaciones. “Desconozco que El Nacional haya ofrecido eso; pero si se da, Liga trabajaría de igual manera”, señaló. “Todo diálogo conlleva a solucionar problemas, a erradicar la violencia”, acotó.

El dirigente dijo que no conoce a quienes lideran las barras organizadas; la comunicación con la Muerte Blanca suele estar en manos de Diego Castro, gerente comercial de LDU.

“Por supuesto que entendemos el efecto que puede ocasionar la muerte de una persona; somos empáticos y consideramos que la violencia tiene que erradicarse”, dijo Paz sobre el caso de Muñoz. “Debemos trabajar en los barrios, con la sociedad para que haya una cultura distinta a la violencia”.

La tercera fecha de la LigaPro, pospuesta el último fin de semana, tiene previsto el cotejo entre El Nacional y LDU en el Estadio Olímpico Atahualpa.

“El partido va a ser conflictivo; no debe haber impunidad para que los estadios no se vuelvan un campo de guerra”, señala Alejandro Reyes, abogado de la Muerte Blanca y de Anthony Muñoz.

Para el arquitecto Fernando Carrión, especialista en seguridad ciudadana y fútbol, el impedimento para que un diálogo se concrete es la ausencia de una política urbana contra la violencia de las barras bravas.

HOMICIDO ASOCIADO AL DEPORTE

El lunes 13 de marzo, Reyes confirmó que la jueza de la Unidad Penal, Cristina Guerrón, emitió el auto de llamamiento a juicio para el procesado Francisco Rivera, acusado del homicidio del hincha de Liga en enero.

Según el abogado, entre las pruebas que recabó hay videos que confirman que al presunto autor lo acompañaron otras cuatro personas asociadas a las barras de El Nacional. “El reglamento tendría que modificarse para que las dirigencias de cada equipo mejoren la cultura deportiva”.

Lamentó que, antes de que finalizara la instrucción fiscal, en febrero, no se cambió el tipo penal del caso de homicidio ni se observó la ley que sanciona la violencia en el deporte.

En su reglamento (art. 3), la LigaPro se atribuye ser “la única competente para establecer todas las obligaciones, directrices e instrucciones que han de cumplir los clubes participantes (...) incluidos los relativos a protocolo”.