La Unión Europea dio esta semana un paso más para facilitar el acceso entre países a las pruebas electrónicas en los procesos penales, al autorizar el Consejo (países de la UE) la ratificación de una normativa internacional en ese ámbito.

El objetivo es ayudar a combatir la ciberdelincuencia y otros delitos al simplificar la cooperación entre los Estados miembros y terceros países, además se garantiza un alto nivel de protección y el cumplimiento de las normas europeas de protección de datos.

En particular, el Consejo adopta una decisión que permitirá a los países de la UE ratificar el segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest). Ese protocolo pretende mejorar la cooperación internacional entre autoridades y los contactos con proveedores de servicios y entidades ubicadas en otros países.

También establece procedimientos para la asistencia judicial recíproca en casos de emergencia. Sirve como una guía para cualquier país que desea desarrollar una legislación nacional integral sobre ciberdelitos y como un marco para la cooperación internacional entre los Estados Parte de este tratado, al que se puede adherir cualquier país.